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Se complica situación jurídica de Eugenio

Por: Arturo Rosas H.
2017-10-14

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El juicio contra Eugenio Hernández Flores, podría extenderse más de un año, en caso de que la defensa no logre liberarlo con el amparo federal.

Rafael Rodríguez Aguilar, uno de los abogados que lleva la defensa del ex gobernador, dio a conocer lo anterior.

De no ganar el amparo por el auto de formal prisión, su proceso podría durar más de un año; ahora se trabajará para evitar su traslado a una cárcel de máxima seguridad.

Dijo que en las últimas horas, se ha estado trabajando en la construcción del amparo y en los argumentos para revertir el auto de formal prisión.

El proceso se lleva en el Juzgado Segundo de lo Penal dentro del expediente 67/2017 que encabeza el Juez Juan Manuel Ham Cortes.

Eugenio Hernández, cumplió este viernes 8 días de estar encerrado en el Penal de esta ciudad.

Se encuentra en una zona que era utilizada para las áreas administrativas del penal. Con él hay agentes de la Policía Ministerial que lo están vigilando y cuidando día y noche.

A los trabajadores de estas áreas, les han prohibido utilizar teléfonos celulares y nadie tiene acceso al área de reclusión donde está el ex gobernador, más que su familia y abogados. Solo le permiten tres visitas.

Entrevistado minutos antes de que se solicitara el traslado del ex gobernador a un Penal de máxima seguridad, el abogado lamentó lo ‘turbio’ el proceso que se le sigue.
Rafael Rodríguez Aguilar, admitió que no hay preocupación sobre el estado de seguridad de su cliente, pero que sí deben estarlo cuidando las autoridades porque está bajo su responsabilidad.

“Las autoridades están cuidando que no le suceda nada malo porque está bajo su responsabilidad”.
‘La brecha’ del proceso judicial del ex gobernador se está haciendo cada vez más angosta porque ayer se abrió un nuevo frente con dos líneas:

La Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Coordinador General de Centros Federales, que por el “Alto Perfil” del procesado, sea trasladado al Penal Federal de Máxima Seguridad.

Pero además, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la PGR que le confirme oficialmente si hay o no, una orden de detención ordenada por la Interpol, contra el ex gobernador para ser extraditado a los Estados Unidos.

Antes, el abogado Rafael Rodríguez, explicó que debido a que la fiscalía reveló que hay 14 averiguaciones más en contra de Hernández Flores, el proceso de instrucción podría llevarse más de un año ya que además la defensa tiene la sospecha de que podría encontrarse más sorpresas respecto a los cargos en contra del justiciable.

Hay abogados que están trabajando en materia de Derechos Humanos, en el proceso penal por los delitos que imputan, el tema de la ficha roja de Interpol y la solicitud de un amparo para revertir el acuerdo del auto de formal prisión.

Dijo que los delitos ya fueron estudiados por el cuerpo de abogados y en este momento están en la elaboración del amparo que promoverán ante las instancias federales en contra de la formal prisión dictada por el juez penal que conoce la causa del ex gobernador tamaulipeco.

Precisó que hay amparos contra otras órdenes de aprehensión de su cliente y están en espera de que el fiscal actúe en las 14 nuevas investigaciones, de las cuales no han sido notificados.

Mientras tanto, Rodríguez Aguilar consideró que hay un proceso injusto con su cliente, porque ni en el 2002, cuando se da la venta de las 1,600 hectáreas “es un acto entre particulares”.

Añade: “Si acaso hubiera un peculado, en el 2002 que, es precisamente un fondo o una distracción de recursos, el peculado es un delito cometido por servidores públicos, en el 2002 el Ingeniero no era servidor público.

Detalla que hasta 2007, esos terrenos son vendidos por una empresa a otra y en ninguna empresa el “ingeniero ni es socio, ni es accionista, ni tiene vinculaciones comerciales y tampoco lo acredita la fiscalía”.

En el expediente, informa, se encuentran solo testimoniales de personas que dicen por dichos que al ex gobernador le interesaban esos terrenos.
“Hay constancias que ni siquiera corresponden de esos supuestos testigos, que además rinden testimonios del 2007 hasta el 2013 y que extrañamente esa gente ya no está viva”.

La defensa presentó un informe oficial de un perito que, de acuerdo al abogado, determinó que esas constancias tienen al menos un mes que, fueron incorporadas al expediente y además esas firmas no corresponden a la de los testigos.







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