(Agencia)
Ciudad de México.- El presidente de la primera comisión de la Comisión Permanente, senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Zamora Jiménez, calificó de un importante avance, la evaluación al magisterio nacional, este fin de semana, cuya participación superó el 82 por ciento.
De las 32 entidades federativas, resaltó el hecho de que esto se haya realizado en 30, “por supuesto que es un avance, sin duda alguna, del esfuerzo que el gobierno está realizando para cumplir las metas de la evaluación educativa.
“Debo decir claramente que en las entidades donde no se ha logrado llevar a cabo el proceso de evaluación, son entidades donde los gobernadores “no están cumpliendo con el rol que les corresponde. No están tutelando de manera efectiva el derecho a la educación que tienen y deben tener los niños de todas esas comunidades”.
Puntualizó, que la omisión de los deberes por parte de los gobernadores, y que ha sido permanente el no querer entrarle al tema de la reforma educativa, “el tratar de ser consecuentes y muchas veces de permitir que haya una resistencia sistemática, y en algunas ocasiones incluso esa permisión de los gobernadores”, ha comenzado a tener un resultado.
Arturo Zamora Jiménez, recordó que el Senado de la República no tiene facultades para llamar a comparecer a los gobernadores, aunque podrían ser llamados a una reunión de trabajo, en el caso de que sea interés de grupos parlamentarios; pero, repito, no estarían ellos obligados por una disposición constitucional.
Para ello están los congresos locales “para llamarlos a cuentas y establecer con ellos, por qué han sido sistemáticamente omisos, por qué han buscado de alguna manera evadir la responsabilidad en el sentido de que se lleve a cabo la evaluación”, dijo.
Otro de los objetivos de la evaluación, sostuvo, es para tener claridad de quiénes son los maestros que están frente a grupo y tener claridad sobre el listado de los profesores avalado por el magisterio y las autoridades.
En este mismo sentido, resaltó la necesidad de tener una mayor fiscalización respecto de los recursos que se destinan para el pago de maestros y que no están frente a grupo, ya que, dijo, el desvío de recursos públicos también está sancionado desde el punto de vista administrativo fiscal, y se puede obligar a las personas que han desviado recursos a reintegrar este dinero a las autoridades que lo liberaron.
