Ciudad de México.- La oposición puso sobre la mesa sus cartas, radicales, con las que jugará al discutir las reformas legales en materia de seguridad pública. Éstas implican retirar al Presidente el papel rector que ha tenido hasta ahora en el Sistema Nacional de Seguridad Púbica. Ayer, Miguel Barbosa presentó en el Senado la iniciativa de su partido para modificar la Constitución en su artículo 21 y resultó ser prácticamente un copia y pega de la presentada por el PAN en noviembre pasado.
Las dos iniciativas implican la creación de un órgano ciudadano al estilo de lo que fue en su momento el Instituto Federal Electoral, lo que trae consigo, justamente, el problema de fondo: el Presidente de la República y los gobernadores perderían el control del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la generación de las políticas públicas en la materia, y de los fondos federales. El mando pasaría a este grupo de ciudadanos.
Los perredistas proponen un “Consejo Nacional” con cinco ciudadanos que durarán en el cargo 7 años, mientras que el PAN propuso en su momento la creación de un “Instituto Nacional” con siete consejeros con igual periodo en el cargo.
Lo propuesto por la oposición está plasmado en proyectos de reforma constitucional, por lo que, de ser aceptadas como están, dejarían poco margen para que propuestas como las del Mando Único puedan ser impulsadas desde instancias de gobierno y por los partidos en el Legislativo.
Los consejeros ciudadanos serían igualmente los encargados de vigilar que las diferentes policías cumplan con su deber, incluso tendrían la capacidad de ordenar la disolución de aquellas corporaciones que resulten inoperantes.
Para ser consejeros, en ambos proyectos, se exigiría no tener afiliación partidista.
La propuesta presentada ayer por el PRD aligera un poco el tema de los fondos federales, pues a diferencia de la panista, deja pendiente las reglas de operación para que sean definidas en la Ley reglamentaria, con lo que eventualmente los Ejecutivos federal y estatal podrían encontrar un camino para participar más directo en la definición de su uso.
Estos fondos se utilizan para uniformar, armar, comprar equipo y vehículos a buena parte de las corporaciones policiales del país.
La Iniciativa del PAN
– Se presentó el 3 de noviembre de 2015 y propone modificaciones a los artículos constitucionales 21, 73, 76 y 123.
– Plantea abiertamente preservar las corporaciones policiales municipales, aunque en caso de que no tengan estándares mínimos que aseguren su buen funcionamiento podrán ser disueltas.
– Propone crear un Instituto Nacional de Seguridad Pública encargado de supervisar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de cada orden de gobierno en materia de seguridad pública. El Instituto estaría conformado exclusivamente por ciudadanos.
– Propone homologar el régimen laboral y de seguridad social para todos los integrantes de las corporaciones policiales y de procuración de justicia del país.
– El proyecto significaría el fin del actual Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues en su artículo tercero transitorio indica que el Consejo Nacional, el Secretariado Ejecutivo y otras instancias del mismo deberían ser disueltas antes de que se cumplan 180 días contados a partir de la publicación de la reforma.
