Ciudad de México.- Acusados de abuso de autoridad y del homicidio de los 49 reos de Topo Chico, se efectuó la primera audiencia para la ahora ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles, y el ex subcomisario de la Agencia de Administración de Seguridad Pública, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo.
Asimismo, la fiscalía de Nuevo León solicitó vincular a proceso a ambos por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad y se han presentado testimonios diversos de celadores y reos, quienes habrían acusado a Salazar Robles de permitir que los internos anduvieran con libertad las 24 horas en las instalaciones.
En la audiencia en la sala 3 del Palacio de Justicia junto al penal del Topo Chico, la defensa presenta sus alegatos y sus pruebas respectivas.
El Ministerio Público por su parte acusa a ambos de saber lo que acontecía en el interior del penal y de permitir la entrada de aparatos eléctricos y de otras irregularidades como el saber que operaba la delincuencia organizada.
Por otro lado, José Reyes Hernández Aguilar, celador de Topo Chico es acusado de asesinar mediante un disparo a un reo durante los hechos el pasado 11 de febrero donde murieron 49 internos.
Las investigaciones continúan e incluyen la presunta presencia de niños el día de los hechos.
Otro detenido. Arturo Bernal González, ex subdirector de Seguridad del Penal del Topo Chico, fue imputado por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad en el penal del Topo Chico, informó el procurador de Justicia de Nuevo León, Roberto Flores.
Explicó que el Juez de Control encargado del caso vinculó a proceso a Bernal González que se encuentra ya detenido.
“Por su probable participación en los lamentables hechos ocurridos el pasado 10 de febrero del 2016 al interior de dicho Cereso en agravio de 49 personas que perdieron la vida”, expresó Flores.
“En su momento podría resultarle una pena de prisión de hasta mil 200 años. En consecuencia y a petición del Ministerio Público, el Juez de Control le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa”.
Se fijó también un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación, tiempo en el que la procuradurí continuará recabando pruebas para acreditar los ilícitos.
El subprocurador del Ministerio Público, Marco Antonio Rodríguez Barrientos, lleva cabo las investigaciones necesarias al interior del centro penitenciario con el propósito de recabar todos los elementos probatorios posibles, a fin de integrar exhaustivamente las carpetas de investigación.
Además se decretó acto de vinculación en contra del custodio José Reyes Hernández Aguilar por el delito de homicidio calificado en prejuicio de un interno.
