Ciudad de México.- La PGR rechazó cualquier obstrucción de su parte a las investigaciones que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y aseguró que esas personas han tenido acceso en todo momento a las constancias que integran la averiguación previa que se encuentra radicada en la Oficina de Investigación del Caso Iguala creada en la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
La dependencia también negó que la investigación esté fragmentada como acusa el GIEI y explicó que la Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el Caso Iguala para su desahogo.
Durante la presentación de su informe de actividades sobre su segundo periodo de trabajo en México, el GIEI señaló que, dentro de la PGR, el propio expediente de investigación se encuentra fragmentado, y que el Grupo no tiene acceso a averiguaciones previas vinculadas con el caso.
También alertó que la PGR impulsa una quinta versión sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la que indica que 17 de ellos sí fueron incinerados en el basurero de Cocula, aunque ello no tiene sustento sólido.
Asimismo, acusó que la SEIDO abrió nuevas averiguaciones previas en torno a la detención de Gildardo López, El Gil, y los hermanos Ramírez Osiel, cuyas declaraciones fueron solicitadas por el GIEI, pero no forman parte del expediente.
“La SEIDO tiene la obligación de investigar lo que le autoriza la ley en el marco de su competencia”, reviró la PGR.
Advirtió que las filtraciones de declaraciones, criticadas por el GIEI, serán investigadas por el Ministerio Público Federal, pues son diversos actores procesales quienes tienen acceso a la indagatoria.
Sobre los 22 policías consignados el 30 de septiembre de 2014 por las autoridades guerrerenses, la PGR aclaró que el acto reclamado en el Juicio de Amparo que promovieron es la formal prisión dictada por un juzgado del fuero común, y que está dando seguimiento al juicio debido a que hay pendiente un recurso de revisión interpuesto por la misma dependencia.
Los policías también están acusados de delincuencia organizada y secuestro, por lo que deben ser los jueces federales los que decreten si pueden o no obtener su libertad, aclaró la dependencia.
Con relación a las tomas de muestra del ADN de Julio César Mondragón, normalista que fue asesinado en los hechos del 26 de septiembre de 2014, la PGR afirmó que, si bien la familia de Mondragón solicitó el estudio, debió pasar por la autorización y trámites entre órganos jurisdiccionales estatales en los que la dependencia actuó como conducto para acortar tiempos.
La PGR indicó que las primeras 177 solicitudes que ha formulado el GIEI ya fueron debidamente atendidas, mientras que las 31 que formuló previo a la prórroga de su mandato y las 469 que realizó durante la segunda etapa del mismo están en proceso de atención.
