La documentación de nuevos bloqueos y ataques armados de policías y criminales en el estado de Guerrero evidencian una mayor área de violencia el 26 de septiembre de 2014 y el interés por no dejar salir de la zona a 43 jóvenes que desaparecieron ese día, dijeron expertos que estudian el caso.
“Esta mayor amplitud del territorio donde se dieron hechos de violencia y la movilización de policías y grupos armados del crimen organizado muestra una acción más amplia de lo que inicialmente se pudo investigar”, consideró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su segundo informe.
El grupo presentó este día las conclusiones de su segundo y último mandato, que culmina este mes de abril y que no será prorrogado por decisión del Gobierno, y en él destacó que además de ampliarse el “radio de acción” de los actos violentos, se alargaron más horas.
“Los ataques se dieron al menos hasta las 02.00 hora local (del 27 de septiembre), considerando el ataque de Mezcala, en un territorio que se extendió al menos 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo”, explicó el GIEI.
Así, se pretendió “extender el control de la movilidad” en esta vialidad con varios bloqueos carreteros.
El bloqueo en la carretera en Mezcala con dos camiones y varios vehículos duró aproximadamente dos horas y es de los más significativos, pues el evento, que si bien aparece en el expediente oficial apenas se ha investigado, se zanjó con el ataque a dos vehículos y con dos personas heridas por arma de fuego.
“Dicho ataque habría sido llevado a cabo por parte de un numeroso grupo de hombres armados, aparentemente miembros del crimen organizado, con armas de gran potencia”, señaló el documento.
Además, el GIEI documentó una segunda parte del bloqueo, no incluida en la averiguación previa, en la que se reportaron varios vehículos quemados.
Así, el “control de la movilización” por la carretera entre Iguala y Chilpancingo se dio durante toda la noche, concluyó el escrito.
En otro punto conocido como Sabana Grande, apenas a tres kilómetros del cruce de Santa Teresa donde fue atacado el autobús que llevaba al equipo de fútbol infantil de Los Avispones y otros vehículos y en el que murieron tres personas, se situó un bloqueo con un tráiler y varios vehículos en la medianoche.
El bloqueo fue “limitado en el tiempo” y duró hasta poco después del tiroteo al autobús, lo que podría mostrar que “los autores de dicha acción conocieron el resultado” del incidente con el equipo de futbol.
“Los autores del mismo fueron personas con armas largas, vestidas de civil, que tenían camionetas último modelo”, señalaron los expertos sobre un evento que “no ha sido investigado hasta ahora”.
Además, la Policía del municipio de Huitzuco efectuó “sin ningún motivo declarado” un retén en la localidad cercana de Pololcingo en “las horas clave de la noche”.
“Para el GIEI, el conjunto de la acción muestra un modus operandi coordinado para evitar la huida de los autobuses”, zanjó el documento.
Estos nuevos datos revelarían “un grupo aún más numeroso de gente implicada en el caso”.
Esto se relacionaría con la hipótesis de que el móvil del crimen fue el quinto autobús tomado por los normalistas y que podría haber ocultado un cargamento de heroína.
Según la versión oficial, severamente cuestionada por padres de las víctimas y entidades como el GIEI o el equipo de forenses argentinos, los 43 estudiantes desaparecidos fueron arrestados por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de Cocula.
