Ciudad México.- El 50 por ciento de los 28 mil 156 casos registrados de desaparición forzada en México ha ocurrido en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, aseguró Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), en el marco del segundo día del Foro “El rol de la academia en las graves violaciones de derechos humanos en México”, realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Dijo que las desapariciones forzadas son una constante en el país desde el sexenio pasado, sin embargo, 47 por ciento de éstas se han dado entre 2013 y 2015. Alertó que el gobierno se ha visto rebasado en el tema, al considerar al territorio mexicano como un cementerio.
En la mesa de trabajo “Desapariciones forzadas y voluntarias”, organizada por el Departamento de Derecho de la Ibero, Santiago Corcuera Cabezut, impulsor y ex coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo que las universidades deben ser activistas y difundir sus ideas en pro de los derechos humanos, pues lo que hagan moverá un poco la piedra de la impunidad.
En tanto, Ariel Dulitzky, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dijo que la mayoría de las personas que ven violentados sus derechos son los más desfavorecidos económica, social y culturalmente.
Activistas piden crear en escuelas materia sobre derechos humanos
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y asuntos internacionales, dijo que los principales interlocutores para generar política pública y conciencia sobre los derechos humanos son la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Cultura, por lo que debe incluirse desde la primaria y secundaria el tema.
En tanto que Eliana García Laguna, activista y defensora de las garantías fundamentales, alertó sobre la necesidad de formar antropólogos forenses, ya que actualmente no hay ninguno de profesión.
Destacó que hasta el año 2013 se creó la primera licenciatura en ciencias forenses, a petición de la PGR. Adelantó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no servirá de mucho ya que no hay pericia forense para seguir los casos.
En la ponencia “Tortura en México”, activistas, defensores de derechos humanos y académicos coincidieron en que la tortura no debería ser aceptada como un método para conseguir la declaración de un presunto delincuente.
(Agencia)
