La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer un incremento en la asignación del programa del gobierno de combate al hambre y un ajuste de impuestos que beneficiará a los trabajadores, en un momento clave de su mandato por un eventual juicio político con miras a su destitución, y aseguró que “resistirá y luchará hasta el final”.
Acorralada por el Congreso, la Presidenta intenta ahora rescatar el apoyo de las bases, mientras se encuentra amenazada con un juicio legislativo que busca acortar su mandato, para el que fue reelegida en octubre de 2014 por un estrecho margen.
Rousseff realizó el anuncio durante un acto en Sao Paulo organizado por los sindicatos con motivo del Día del Trabajo y advirtió que si el vicepresidente Michel Temer asume el poder, en caso de ser destituida, “acabará con una parte” del programa Bolsa Familia.
Rousseff también anticipó un ajuste al impuesto sobre la renta que beneficia a los trabajadores, el cual entrará en vigor a partir de 2017, y avisó sobre las intenciones del eventual gobierno de Temer de llevar a cabo una política de “privatizaciones”.
Las medidas anunciadas por la jefa de Estado suponen un nuevo espaldarazo a la izquierda, que estaba desencantada con Rousseff debido a una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país.
La Presidenta insistió en que es víctima de un “golpe” de Estado que comenzó a ser tejido por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, pero dijo que “luchará”, como lo hizo durante la dictadura.
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