A pesar de que estaba previsto a las seis de la mañana, no ha iniciado el proceso de exhumación de 150 cuerpos enterrados aquí por trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FEG), a causa de que aún no llega la maquinaria adecuada para abrir las fosas, ni hay acuerdo en el procedimiento por parte de los equipos forenses de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Procuraduría General de la República (PGR) y la FEG.
Los familiares de las víctimas y los peritos independientes de la UAEM insisten en que la exhumación sea “abierta”, pero los peritos de la FGE y PGR insisten en cubrir la fosa con hules negros. Los primeros piden que los trabajos se efectúen desde una altura adecuada que les permita verificar, a lo lejos, que efectivamente se han exhumado los cuerpos.
Hasta este predio, ubicado en el poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla, desde las cinco de la mañana comenzaron a llegar familiares de cientos de personas desaparecidas del país, con la esperanza de encontrar sus cuerpos.
Alrededor de las seis de la mañana, la madre de Oliver Navarrete Hernández, María Hernández, acompañada de su hermana Amelia; de su abogado, David Marroquín; del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; el dirigente del Movimiento por la Paz, Javier Sicilia, madres y padres de personas desaparecidas, realizaron una ceremonia religiosa en dos fosas clandestinas, donde un sacerdote oró y dio la bendición.
María Hernández leyó una carta, escrita por ella a nombre de Oliver, para narrar los hechos del secuestro de su hijo ocurrido el 24 de mayo de 2013. Posteriormente, el 3 de junio, se encontró el cuerpo de su hijo en una barranca.
En la carta, se lee: “Mi nombre es Oliver Navarrete Hernández, hermano por los errores y negligencia de la Fiscalía General del Estado de los demás que están aquí (muertos); mañana, 24 de mayo de 2013, van a ser tres años de que gente, sin escrúpulos, me privó de la libertad y después me quitó la vida, abandonándome en una barranca de la cual me sacaron el 3 de junio de ese año. La fiscalía posteriormente me arrojó a esta fosa clandestina, cuando mi familia ya me tenía plenamente identificado”, dijo María Hernández.
Hernández exigió una vez más justicia para su hijo Oliver: castigo para los plagiarios, para los asesinos y para los trabajadores de la FGE que de manera ilegal enterraron su cuerpo y el de más de cien personas. Hasta el momento, no han iniciado los trabajos de exhumación.
(Con información de La Jornada)
