El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, reveló que el presidente Enrique Peña Nieto evalúa la posibilidad de vetar parte del paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de que el Legislativo corrija los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conocida como la ley 3de3, que han generado desconcierto y molestia en los empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
Luego de una reunión de la cúpula empresarial con el Presidente de la República, la noche de ayer en la residencia oficial de Los Pinos, Juan Pablo Castañón explicó que fueron convocados por el mandatario para conocer su sentir respecto a la aprobación que hiciera la semana pasada en un primer momento el Senado de la República y, después, la Cámara de Diputados.
“Él, de hecho, nos invitó, quería escucharnos y nos dijo que está valorando, desde su perspectiva, de sus atribuciones, la mejor acción a tomar para darle viabilidad al Sistema, es decir, que el Sistema opere, y nosotros nos hemos quedado tranquilos que en esta valoración se están contemplando las opiniones de todos y, dentro de éstas, está el compromiso de los empresarios”, dijo.
-¿De alguna manera se pudiera vetar?
“Es uno de los instrumentos que tiene el señor Presidente y sabemos que lo está valorando, y confiamos en que tomará la mejor decisión que considere conveniente después de escucharnos a todos”, refirió.
Ayer por la tarde se canceló el evento que sería encabezado hoy por el presidente Enrique Peña Nieto para promulgar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la polémica ley 3de3.
La Presidencia y la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitieron un comunicado urgente a los invitados para indicarles que el acto que se realizaría en Palacio Nacional no se efectuaría, hasta nuevo aviso.
De acuerdo con fuentes de la Función Pública, la cancelación se debe a cuestiones de agenda de la Presidencia.
Para Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, esta decisión responde a que desde Los Pinos se evalúan las alternativas respecto a la crítica a los artículos 29 y 32 de la ley 3de3.
Explicó que una de las posibilidades es que la Ley se apruebe pero con observaciones del Presidente respecto a estos artículos, para que puedan corregirse desde el Congreso, lo que es conocido como veto presidencial.
También mencionó la posibilidad de que se presente una acción de inconstitucionalidad.
(Con información de El Excélsior)
