En caso de que la Ley de Responsabilidades Administrativas hubiera quedado como fue aprobada por el Congreso, habría sido la primera en su tipo a nivel mundial.
Sin embargo, de acuerdo con expertos, el hecho que sea única no significa que sea la mejor opción para combatir la corrupción.
Por el contrario, si en verdad se desea que el sector empresarial tome un papel más fuerte en el combate de la corrupción, lo que debe reformarse es la Ley de Adquisiciones y de Obra Pública, pues el esquema de presentar la declaración fiscal, patrimonial y de intereses para este grupo da una “sensación de venganza”, aseguró Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Consideró que en casos en los que pudiera existir conflicto de interés entre la relación empresa y gobierno “ahí el hilo conductor va a empezar en la declaración de intereses del servidor público”.
Mencionó que, al menos de su conocimiento, no existe una dinámica a nivel mundial similar a la aprobada para las declaraciones de particulares y, por tanto, si se trata de innovar, solicitó que al menos se determinen las justificaciones para proceder de dicho modo.
“Si el afán no es vengarse, si el afán es construir sistemas de integridad, el meollo están en esas legislaciones (Adquisiciones y Obra Pública) más que en el 3de3 del sector privado”, manifestó.
“Si somos el primer país en implementar una mala idea, no me parece algo de lo que nos debamos orgullecer; si somos el primer país habrá que preguntarnos ¿por qué nadie más lo ha hecho? Las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos son una regla casi generalizada en la enorme mayoría de las democracias avanzadas del mundo y jóvenes de América Latina”, dijo.
Recordó que, actualmente, los empresarios entregan, como contribuyentes cautivos, la declaración fiscal para cumplir con las leyes tributarias. Además, el SAT tiene la evolución patrimonial de todos, en función de la información de ingresos que entregan año con año.
“La mejor salida para resolver el problema de la corrupción es la interacción entre las autoridades y el sector privado”, mencionó.
Por su parte, Marcos Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, afirmó que en el mundo no existe quién aplique un mecanismo igual al aprobado para obligar a los particulares a hacer públicas sus declaraciones.
“El único país en donde uno puede ver los impuestos de todos y los patrimonios de todos, públicos y privados, es Noruega, pero no ocurre, como sí quieren que pase en el caso mexicano, que lo público de los servidores no exista, prácticamente se quede opaco”, argumentó.
(Con información de El Excélsior)
