A partir del 19 de julio, una vez constituidas las Cortes de la XII legislatura, el artículo 99 de la Constitución devuelve al Rey al centro del proceso para poner en marcha la investidura de un nuevo presidente del Gobierno. El procedimiento es simple y sabido: Felipe VI recibirá a los representantes designados por los grupos parlamentarios y, en función de su predisposición y aritmética, propondrá a un candidato a través del presidente del Congreso. Sin embargo, la fragmentación prevé un desenlace complicado e imprevisible.
19 de julio. Se constituyen las nuevas Cortes. A partir de ese momento, el nuevo presidente del Congreso comunicará al Rey la lista de representantes de los grupos parlamentarios y Felipe VI los convocará para los días siguientes.
La frustración del proceso anterior, en el que los cuatro partidos en liza fueron incapaces de alcanzar un acuerdo para salvar la legislatura, planea sobre La Zarzuela en la víspera del desfile de audiencias de los líderes de los partidos con representación parlamentaria por los efectos que podría tener para el Rey.
Sobre la mesa, más allá de la urgencia que impone el sentido común, no hay ningún dato que sustente que el atrincheramiento de los partidos que llevó a la congestión de la anterior legislatura se haya disipado. Pero el sentido común ya naufragó en la anterior legislatura cuando los extremos cegaron toda posibilidad que no fuera la convocatoria de nuevas elecciones.
Aprobar presupuestos
El único imperativo ahora, si acaso, es que el Gobierno debería aprobar los Presupuestos Generales antes del último día de septiembre, para lo cual el Ejecutivo tendría que estar nombrado en agosto y los ministerios habrían de tener el trabajo realizado para esa fecha. Aunque en el peor de los escenarios, a falta de Gobierno, los presupuestos también podrían ser prorrogados.
El resultado obtenido este domingo en los comicios, pese a desmentir las encuestas, plantea una repetición de la situación en la que nada será posible sin un acuerdo que supere las siglas. La solución al atasco político, como en el anterior proceso, no depende del jefe del Estado sino que está de nuevo en manos de los partidos. El papel del Rey está muy limitado por la Constitución, aunque los expertos le atribuyen “un cierto margen de discrecionalidad [potestad no reglada]” solo justificado cuando se trata de “dotar de estabilidad política al sistema”. (El País)
