El Tribunal de primera instancia del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó hoy al sacerdote español Ángel Vallejo a dieciocho meses de prisión por la filtración de documentos secretos de la Santa Sede.
Otra de las imputadas y colaboradora de Vallejo, la italiana Francesca Chaouqui, fue condenada a diez meses de prisión con suspensión de aplicación de la pena.
El principal acusado es el sacerdote Vallejo y los actos se enmarcan en torno al funcionamiento de la ya extinta Comisión Investigadora de los Organismos Económicos y Administrativos de la Santa Sede (Cosea), de la que el sacerdote español era secretario y de donde proviene gran parte de documentación filtrada del Vaticano.
También están acusados los ex miembros de este organismo, Francesca Chaouqui y Nicola Maio, y los periodistas que publicaron en sendos libros información clasificada, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.
El padre Vallejo, Francesca Chaouqui y Maio están acusados de divulgación de secretos y de asociación para delinquir mientras que los periodistas sólo responden al primer cargo.
El fiscal ha pedido la pena de tres años y un mes de prisión para el sacerdote Vallejo, que ya ha descontado casi ocho meses mediante medidas cautelares de privación de la libertad de movimiento, y la mayor solicitud de pena es para Francesca Chaouqui, tres años y nueve meses.
Se les acusa de haber intentado forjar “una alianza de poder” paralela al Cosea junto a su secretario ejecutivo, Maio, para quien el fiscal ha reclamado la pena de un año y nueve meses.
De hecho el sacerdote Vallejo confesó haber filtrado información pero aduciendo al mismo tiempo que lo hizo bajo las supuestas presiones y amenazas de Francesca Chaouqui, con la que dijo haber mantenido relaciones sexuales y a la que al parecer temía al vincularla con los servicios secretos italianos.
Para Fittipaldi el fiscal ha pedido la absolución, ya que en su opinión se limitó a recibir los datos, mientras que para Nuzzi la condena de un año de prisión por haber animado al sacerdote Vallejo a cumplir el delito haciéndole ver su disponibilidad a publicar el material.
El martes los abogados de el padre Vallejo y de Francesca Chaouqui pronunciaron sus alegados finales y ayer fue el turno del resto de imputados.
La abogada de Maio, Rita Claudia Baffioni, refirió que el fiscal “no ha logrado probar la culpabilidad de su asistido” y destacó los periodistas han confesado haber conocido a Maio durante el proceso.
El abogado de Nuzzi, Roberto Palombi, calificó a su asistido como “un ciudadano italiano que ha ejercido la libertad de prensa sin mermar ni siquiera mínimamente la paz y la seguridad del Estado vaticano”.
La abogada de Fittipaldi, Lucia Teresa Musso, dijo que su cliente, al publicar la información, “ha defendido la libertad de prensa y el derecho del lector a estar informado” y destacó que la fiscalía no ha hallado bases para culparle.
Tras la intervención de los letrados fue el turno de la réplica de los procuradores, que se centraron especialmente en evidenciar que en efecto hay pruebas de que Francesca Chaouqui participó en el traspaso de datos, una tesis rebatida firmemente por su abogada.
El fiscal Roberto Zannotti aludió al comportamiento “extraño” de la imputada, de que en un principio confesó su participación pero que después cambió de versión y señaló que en el móvil que le requisaron en la fase de investigación había borrado la aplicación de Whatsapp, desde la que al parecer pudo trasmitir información.
Destacó además que el traspaso de las 85 contraseñas que el sacerdote Vallejo dio a Nuzzi para facilitar su acceso a datos confidenciales se produjo en casa de la propia Francesca Chaouqui, un hecho que calificó de “una forma de colaboración”.
Por otro lado el fiscal rebatió las críticas que ha recibido de los medios de comunicación italianos cuando imputó a los dos periodistas y aseguró que este “no es un proceso a la libertad de prensa, sino al hecho de que los informadores reforzaron la idea de revelación de información de los otros imputados”.
