El mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa operará por tiempo indefinido y será auspiciado por el gobierno mexicano.
De acuerdo con la resolución, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este mecanismo se integrará con al menos dos asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva, los cuales “podrán realizar las visitas a México con la frecuencia y el tiempo que sea necesario para su labor”.
“Los asesores técnicos especializados tendrán pleno acceso a información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso, de acuerdo con la normatividad mexicana vigente”, indica el documento previamente consultado con funcionarios del gobierno mexicano, padres de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y sus representantes.
Sin precisar el monto que se le dará a este equipo de trabajo, se informó la determinación de que el “Estado dará apoyo económico a la CIDH para asegurar el financiamiento del mecanismo de seguimiento”.
Cabe recordar que el gobierno mexicano pagó dos millones de dólares al organismo internacional para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes investigara el caso.
Ayer se estableció que el nuevo mecanismo será coordinado ya sea por el relator de la CIDH para México, James Caravallo, y/u otro comisionado del organismo, quien realizará tres visitas a México en consulta con el Estado y podría realizar una cuarta si se considera necesario.
“Al final de cada visita y si se estima conveniente, el relator de país y/o más de los comisionados designados por la CIDH emitirá/n un comunicado de prensa para informar sobre el seguimiento y los avances que se hayan registrado”, menciona.
La CIDH precisó que las actividades de dicho mecanismo no pueden interpretarse como limitativas a otros, y mantendrá sus competencias derivadas de la Convención Americana y de otros instrumentos aplicables en materia de derechos vinculantes para México.
En la resolución que tiene por objetivo dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas en octubre de 2014, señala que la Comisión estará a cargo de la interpretación en caso de desacuerdo sobre el alcance o interpretación de este instrumento.
