Aunque todavía falta un mes para arrancar el periodo ordinario, en el que existe la posibilidad de que una mujer o un integrante del Partido Verde presidan la Mesa Directiva, los grupos parlamentarios del Senado se alistan para definir la agenda, que deberá incluir al menos diez temas comunes, que son pendientes y obligaciones de nombramientos programados para el último cuatrimestre del año.
El Senado tiene en comisiones el compromiso de aprobar la nueva ley de víctimas, la referente a la desaparición forzada; concluir el proceso de la legalización de la mariguana; la autonomía del Coneval y el fuero constitucional, pero también procesar los nombramientos de los nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Uno de esos pendientes, que comenzó a trabajarse desde marzo entre diversas comisiones, como Puntos Constitucionales, Gobernación y Derechos Humanos, es el relacionado con la nueva Ley General de Atención a Víctimas, que en su momento anunció la priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, que ya avanzó en su reforma constitucional y que ayer Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, urgió a retomar.
Angélica de la Peña solicitó la comparecencia de los Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a rendir un informe ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos del Senado de la República, sobre las acciones y mecanismos implementados para garantizar la atención a víctimas en el país; así como el ejercicio de los recursos del fondo de atención a víctimas.
Expuso que actualmente no todas las entidades federativas cuentan con una comisión ejecutiva estatal, pese a que la Ley General de Víctimas así lo exige, por lo que existe un sector de la población que se encuentra sin una institución que cumpla con las obligaciones derivadas de la legislación.
Otro de los temas pendientes, que involucran a varias comisiones, como Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, es la nueva Ley contra la Desaparición Forzada, que desde abril se atoró por la negativa del gobierno federal a considerar a todas las personas no localizadas como víctimas de desaparición forzada.
Un pendiente más, que suma dos años de retraso es la nueva Ley del Coneval, que le permitirá aterrizar su autonomía. El Congreso de la Unión debió aprobarla a más tardar el 11 de junio de 2014, pero no fue posible, por la suma de diferencias entre las fuerzas políticas y porque dieron prioridad a temas como las reformas en telecomunicaciones, electoral y energética.
Ahora, el Coneval ha sido protagonista de un diferendo con el Inegi, por el método para medir la pobreza y senadores del PRD y el PAN quieren avanzar en este tema de la autonomía del Coneval.
Desde junio de este año, ante la imposibilidad de avanzar en los acuerdos, el Senado dejó el compromiso público de procesar la reforma a la ley de salud para autorizar el uso medicinal de la mariguana.
Está también el tema de la inmunidad judicial a los servidores públicos, conocido como fuero, pues a raíz de la publicación del paquete de leyes en materia anticorrupción, diversos legisladores insisten en que debe limitarse al máximo el fuero, como se conoció hace unos días en la Comisión Permanente, en voz del diputado Alejandro González Murillo.
De igual forma, están pendientes una serie de nombramientos, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el secretario de la Función Pública, el nuevo fiscal Anticorrupción; el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción y algunos nombramientos del sector energético.
