EL PUNTO ES… Que si tomamos de referencia la denuncia y amparo colectivo de la Concanaco y la Coparmex por las omisiones del Estado mexicano y su falta de capacidad para restablecer el orden en Chiapas y Oaxaca, los ciudadanos de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, por citar algunos, podríamos hacer lo mismo.
Los empresarios del sur del país, se duelen por los daños y perjuicios ocasionados por la disidencia entre el Gobierno y la CNTE, que les significa daños económicos y vulnera los derechos más básicos contemplados en la constitución como lo son garantizar el libre tránsito, el derecho al trabajo y la educación.
Otra referencia interesante es que de manera inédita, un juez federal amparó a un ciudadano y ordenó a las autoridades de la Ciudad de México que hagan cumplir el derecho al libre tránsito, retirando los bloqueos que se mantienen en la avenida Bucareli en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
EL PUNTO ES… Que en ambos casos, se reconoce la incapacidad del Estado mexicano para restablecer el orden y dotarnos a los ciudadanos de nuestros derechos más básicos, aunque el primer caso expuesto aún no cuenta con un fallo de la justicia, el segundo ejemplo sí podría sentar jurisprudencia.
Valiéndonos de los argumentos presentados en ambos casos, los que vivimos en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, podríamos alegar el mismo argumento: que el Estado mexicano no ha podido restablecer el orden en estos Estados y que su falta de capacidad es evidente.
Le tocaría a un juez federal, revisar el caso y si fuera favorable el fallo para los ciudadanos, ordenar al Estado mexicano, llámese Gobierno Federal, que restablezca el orden en los Estados y que incremente su capacidad para garantizarnos el libre tránsito, derecho a trabajar, derecho a la educación y el derecho a la seguridad.
EL PUNTO ES… Que por las omisiones del Gobierno Federal por ejemplo, en la ciudad de Mier Tamaulipas en el año 2010, se vivió el más grande desplazamiento de ciudadanos ocasionado por la violencia desde la fundación de ese pueblo en el año 1753; el 90 por ciento de los habitantes de Mier tuvieron que huir incluso del país, porque el Estado no garantizó su seguridad.
Esta historia se repitió en el sur de Tamaulipas en municipios como Tampico, Madero y Altamira en donde la violencia y los altos índices de inseguridad generaron el desplazamiento de los empresarios; algunos se fueron inclusive en números grupos a instalarse en ciudades de Europa y otras partes del mundo.
En otras ciudades del Estado tampoco se ha podido garantizar el libre tránsito, las carreteras y avenidas de las ciudades son muestra de ello ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus habitantes y otros derechos básicos como el acceso a la educación y al trabajo.
EL PUNTO ES… Que si los empresarios pudieron organizarse y promover estas acciones para exigir nada más que sus derechos y que el Estado cumpla con sus obligaciones, los ciudadanos también podemos hacer lo propio y exigir el cumplimiento irrestricto de las obligaciones del gobierno y el cumplimiento de nuestros derechos.
No se trata de ser agitadores, pejezombies o antipeñistas, sino de ser una sociedad participativa que conoce los derechos y obligaciones propios y de las entidades gubernamentales y que sabe exigir de acuerdo a la normatividad vigente.
Tal vez de esta manera, es decir en los tribunales de forma ordenada, pacífica y diplomática, los ciudadanos organizados logremos más de lo que se consigue con marcha por la paz, protestas con camisetas blancas y liberando palomas para que surquen los cielos.
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