Según la Red de desaparecidos en Tamaulipas, que preside Josefina de León, son más de 6 mil personas las que no han sido localizadas, que están desaparecidas en esta entidad y de las cuales sus parientes y familiares desconocen los motivos de sus desaparición. En la mayoría de los casos sus parientes hablan de desapariciones forzadas. En algunos hay sospechas que las víctimas fueron detenidas por las propias autoridades, principalmente la policía. En algunos casos por autoridades federales.
Se trata de una práctica derivada de la inseguridad y la violencia propia de esta región y que se ha generalizado en el país y ante la cual las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han identificado un sistema o una forma para paliar este tipo de situaciones, mucho menos han tenido la capacidad para definir las causas de este y otros fenómenos con el mismo origen.
Y no obstante a los reclamos de las organizaciones sociales, las autoridades gubernamentales parecen preferir hacer lo propio por callar las expresiones de exigencia de una sociedad dolida y en agonía, que ofrecer una respuesta puntual a sus demandas.
Ante la indiferencia de la autoridad, los dolientes se han refugiado en las organizaciones sociales no gubernamentales, las cuales han fortalecido con sus quejas y han dejado de creer en los organismos de impartición de justicia creados por el estado.
Lo que no sólo deriva en el empoderamiento de la sociedad que ante la abandono de la figura oficial busca sus propias fortalezas y corre los riesgos de llegar a la anarquía, ya que por un lado ha dejado de creer en las instituciones, para crear un bloque con otros dolientes que comparten las mismas historias y son civiles victimas del dolor.
A la par de lo que se pueda esbozar sobre los desaparecidos, los integrantes de la red que recientemente se reunieron en Ciudad Victoria, consideran que los desaparecidos en Tamaulipas representan un 24 por ciento de los desaparecidos en México. Lo cual resulta escandaloso, sobre todo cuando se trata de sangre ajena, pero quizá por lo mismo se busca polarizar la situación y a quienes promueven esas lecturas lo más fácil es calificarlos de subrealistas.
Sin embargo, la cifra se triplica si el dolor se ve en perspectiva de familiares, descendientes en primera, segunda y tercera generación, por lo mismo resulta hasta complejo y desafiante.
Pero también los dolientes de las víctimas han sido testigos de los más de 12 mil millones de pesos invertidos por el gobierno estatal en el renglón de la inseguridad y que, parecen no haber arrojado los resultados esperados por la sociedad. Lo mismo que la presencia de los miles de soldados y de miles de policías capacitados durante los seis años anteriores, cuyos resultados no se ven ni se palpan.
Son decenas y miles los ciudadanos que hoy se quejan de atropellos, detenciones, privaciones de la libertad y ejecuciones extrajudiciales de parte de los mismos agentes, que fueron capacitados con impuestos que los ciudadanos pagan cada día y, más grave aún con empréstitos que han endeudado más al estado.
Vaya reto que tiene enfrente el próximo gobierno estatal de alternancia pacifica. No sólo por ser el gobierno de la esperanza, porque así lo manifestaron los votantes el 7 de junio pasado. Sino ante todo, por la ausencia de recursos en las arcas estatales.
Pero hay que recordar que en condiciones similares recibió la presidencia municipal de Reynosa el ahora gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, durante la gestión de Eugenio Hernández Flores y a pesar de la presiones de la administración estatal pudo construir un proyecto ciudadanos, al margen de la diatriba propia de la administración estatal.
