Los hechos ocurrido en los últimos 30 días en la ciudad de Tula, Pueblo Mágico, inquieto a la población y movilizó a más de mil personas que se sumaron a una marcha de protesta que recorrió desde la plaza principal hasta, los manifestantes tomaron la calle Carmelita, La Juárez, Doctor Millet y la avenida Enrique Cárdenas. Los quejosos siguen exigiendo justicia. El juez que conoce la causa determinó vincular a dos de los 11 policías vincularlos a proceso con lo establece el nuevo sistema penal acusatorio. Esto luego de una maratónica sesión durante cuatro horas y media.
Los parientes y amigos de Cristian Reyna quien murió durante una persecución de los policías el sábado 19 de agosto, montaron un plantón, lo mismo que los policías estatales de la denominada Fuerza Tamaulipas. Alrededor de la sala de donde se desarrolló la primera audiencia, había al menos 50 policías a bordo de 7 patrullas de esa corporación.
El caso de Cristian es relevante, porque se advierte una serie de irregularidades que van desde la obtención de pruebas, porque se presume que los 11 jóvenes implicados en un presunta agresión a los agentes, habrían disparado en contra de los agentes del orden.
Sin embargo, las autoridades en este caso los 11 policías no localizaron localizaron ninguna de las armas con las que habrían sido atacados por los jóvenes que ciertamente andaban de parrando.
Más complejo resulta el caso porque los militares que revisaron va los jóvenes previamente a la persecución, no localizaron ninguna arma en el vehículo donde viajaban los presuntos atacantes de los policías. Son muchas las versiones a favor y en contra de los policías y los jóvenes por lo mismo será necesario esperar el desarrollo del proceso que apenas ayer inició en la ciudad de Tula, donde la inconformidad se volvió viral, en contra de las autoridades. Las cuales han dado pie a las inconformidades, con sobrada razón.
El juez de la causa ordenó un prisión preventiva por seis meses y será hasta el mes de enero cuando se desarrolle otra audiencia para el desahogo de pruebas.
La situación de la inseguridad en esta región, todo parece indicar que la han generado las autoridades y por lo mismo hay indicios de una violencia institucionalizada. Porque en estado etílico los policías desempeñan sus tareas y tal parece que carecer de un mando firme, que por lo menos los obligue a devengar el decoroso salario que perciben además de las prestaciones y los seguros de los que gozan las familias de estos en caso de morir en cumplimiento de su deber.
El caso de Cristian es una muestra del fallido proyecto de seguridad. Ya que esa misma región del altiplano tamaulipeco, este mismo mes de agosto, se inició un proceso en la misma sala penal en contra de otro policía actualmente que está bajo arresto precautorio, por haber despojado a un civil de una camioneta Cherokee en el centro turístico El Ojito de Agua de Jaumave.
También en estado etílico con su arma de cargo, despojo a un civil del cual la autoridad ha dictaminado reservar su identidad, lo mismo que del policía estatal de la denominada Fuerza Tamaulipas.
El policía también está en prisión preventiva de seis meses y el proceso está en la etapa de aportación de pruebas de ambas partes.
Aunque la evidencia en este caso, es contundente, ya que el agente fue detenido por elementos del ejército mexicano, en el punto de revisión ubicado en el poblado San Antonio de Jaumave.
