Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Flavio Galván Rivera, señaló que la existencia de los tribunales electorales locales, establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), no fue acompañada de la normatividad que les garantizara su independencia orgánica y funcional, empezando por un presupuesto.
“No se puede ejercer ninguna independencia si no hay recursos económicos para poder actuar de manera independiente, si los magistrados tienen que visitar al gobernador de su estado o al Congreso de su entidad para pedir la gracia de financiamiento público para cumplir la función constitucionalmente atribuida”, dijo.
El Magistrado del TEPJF señaló que se debe impulsar una ley que otorgue a los tribunales electorales certeza en la actuación, así como en la permanencia, separación y remuneración
Al participar en el Congreso Nacional de Magistrados Electorales Locales en la Mesa “La autonomía financiera en los Tribunales Electorales Locales”, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el magistrado Galván Rivera expresó que los órganos jurisdiccionales locales están en el limbo jurídico y económico porque no está previsto qué hacer para tener presupuesto.
“¿En dónde está previsto qué va a hacer cada tribunal electoral de las entidades federativas para tener presupuesto? No hay una ley de los tribunales electorales de la República, por lógica tienen que hacer su proyecto de presupuesto de egresos. ¿Y a quién le van a presentar? No forman parte del Poder Ejecutivo, no forman parte del Legislativo, no forman parte del Poder Judicial, por lógica también entregarle directamente a la Cámara de Diputados del Estado o a la Asamblea Legislativa en el caso de la Ciudad de México, con base en qué va a hacer su presupuesto el tribunal”, agregó.
Galván Rivera indicó que la Cámara de Senadores designa a los magistrados electorales locales y una vez realizado el procedimiento de nombramiento desaparece toda relación. También cuestionó que no están previstas las causales de separación o remoción, la remuneración o los derechos de los magistrados electorales.
Planteó que se debe estructurar un Poder Electoral con el Tribunal Electoral, el INE, la Fepade, los partidos políticos y los ciudadanos
“¿Cuál es el tratamiento de los magistrados civiles, familiares o penales que forman parte del Poder Judicial de la Federación frente al tratamiento normativo de los magistrados electorales? No hay nada. ¿Y el artículo 17 de la Constitución, de que se proveerá a la independencia de los tribunales de la República? Tenemos un gran vacío, no hay carrera jurisdiccional del servicio electoral, nada está previsto, todo está por hacer”, expresó.
En ese sentido, el magistrado Galván Rivera señaló que si se va a vivir en un sistema unitario y centralista, debe expedirse una ley nacional de los tribunales locales de la República en materia electoral para tener “un régimen que nos dé certeza en la actuación, en la permanencia en la carrera judicial e incluso en la separación, en la remuneración y en todos los aspectos. Tenemos que impulsar esa ley, no me gusta esa idea pero es peor vivir sin normativa”.
Necesario integrar un Poder Electoral y una Procuraduría de la Defensa del Derecho del Ciudadano
En su intervención, el magistrado Galván Rivera planteó la necesidad de constituir un Poder Electoral, idea de la que se hablaba desde los proyectos de Constitución de 1842 y en el Congreso Constituyente de 1916 y 1917 con Venustiano Carranza, quien se refería al poder de los ciudadanos al momento de elegir.
Consideró que se debe pensar en estructurar un Poder Electoral con el Tribunal Electoral, con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), los partidos políticos y los ciudadanos, así como tener en un apartado una Procuraduría de Defensa del Derecho del Ciudadano.
Asimismo, señaló que es necesario que el Estado federal o local garanticen el trabajo digno de quienes tienen una alta responsabilidad en la impartición de justicia.
