Ante los resultados de las empresas calificadoras de la deuda de México cuyos intereses se estima representan el 50 por ciento del producto interno bruto, las mismas calificadoras internacionales, consideran que el problema de este país no es sólo de deuda -aunque así se vea-, sino de gobernabilidad, comparada con los intereses y la propia deuda.
Y resulta fácil deslizar una reflexión sobre los acontecimientos de estados como Michoacán, Oaxaca o Chiapas, donde la ingobernabilidad es parte de la cotidianidad, quizá porque lo vemos en perspectiva, en cambio los sucesos de esta entidad ante los cuales perdemos perspectiva, aunque ganamos distancia, no los consideramos como un problema de gobernabilidad.
Aunque la ausencia de gobernabilidad esta desde antes del día uno, lo mismo que la deuda de esta entidad, que en los últimos 12 años, fácilmente supera los 50 mil millones de pesos. No se diga la “deuda indirecta” que según la página de transparencia de la secretaría de finanzas estatal, supera los 330 mil millones de pesos. Por lo mismo se quedó limitada la senadora panista Sandra Luz García cuando señala que hay un pasivo circulante de 7,300 millones de pesos de administración saliente.
Pero la deuda se ha convertido en particular en esta entidad como un activo de unos y un pasivo de otros. Que exige una respuesta puntual, pero ante tal cuestionamiento, quienes se van buscan aplazar la entrega de la numeraria deficiente que heredarán. Mientras que quienes llegan tienen sumo interés en conocer los compromisos adquiridos para los próximos años y que seguramente afectará la primera y segunda generación.
Quizá en este sentido habría que interpretar los titubeos de la contralora Gilda Cavazos Littera quien asegura que se trata de un proceso apegado a la ley. Se les está dando información, dice, pero el 30 de septiembre -el día anterior de la toma de posesión- se les entregara toda la información. Esto es según los estatutos de la ley de transparencia.
Por esa razón los enterados de este tipo de circunstancias, consideran que el problema de este país incluidas sus entidades, además de la falta de gobernabilidad son víctimas de la opacidad. Porque la inseguridad pública además de coaccionar la vida de los ciudadanos libres y soberanos, los deja en la indefensión.
Y no obstante que en las últimas décadas han surgido organismos creados para los alcanzar fines de la transparencia y la rendición de cuentas, como las contralorías, auditorias superiores, institutos de transparencia y organismos no gubernamentales. También estos se han convertido en entes descentralizados de los gobiernos municipales, estatales y federal.
Son por demás entendibles las expresiones de César Verastegui Ostos ex dirigente del panismo estatal y hombre cercano al gobernador electo, cuando señala que los funcionarios del gobierno saliente no les muestran todo los hay, ya que no les entregan documentos. “Dejen levantar la alfombra, pero quizá ni alfombra encuentro”, comentó en la semana anterior el gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca.
En tanto que el gobernador saliente Egidio Torre Cantú se pronuncio respetuoso del posicionamiento de los empresarios victorenses, que piden la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que atienda las necesidades de seguridad. Ciertamente la postura de sus homólogos no le resulto nada complaciente.
