Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La nueva Ley de Administración Pública que aprobaron en sesión extraordinaria los Diputados de la 62 legislatura, ordena proteger los derechos de todos los trabajadores de base del Gobierno del Estado y en particular en las áreas de Turismo, Economía y Pesca y Acuacultura, pero no se detalla el número de trabajadores.
Estas tres últimas áreas, se convertirán en Secretarías a partir del primero de enero del 2017, cuando se les haya destinado presupuesto para su creación.
Alista la Ley de Administración Pública parte de la estrategia para que arranque el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
La reestructuración de las áreas Administrativas incluye las nuevas facultades para la Secretaría General de Gobierno, misma que desarticula la Secretaría del Trabajo, y se registra un adelgazamiento en la Secretaría de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico.
La Secretaría de Desarrollo Social cambia de nombre a Secretaría de Bienestar Social; se crea la Oficina del Gobernador.
Uno de los artículos transitorias, expone que “Los trabajadores de base seguirán conservando sus derechos laborales, los que no se verán afectados con motivo de la expedición de la presente ley”.
De entrada, se mencionó que tanto Turismo como Pesca y Acuacultura se concentrarán en la ciudad de Tampico y la Secretaría de Economía tendrá una oficina en la ciudad de Reynosa.
Se propone la creación de la Jefatura de la Oficina del Gobernador, la cual podrá coordinarse con las oficinas y dependencias del Ejecutivo.
Durante la última sesión extraordinaria que tuvo la 62 legislatura, se aprobaron cambios para destrabar obligaciones constitucionales en la designación del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Auditor Superior del Estado.
Ahora la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas establece que para designar al Procurador de Justicia “se requiere ser ciudadano mexicano” y se elimina la obligación que exigía ser Tamaulipeco.
Para el nombramiento del titular del Registro Público de la Propiedad que ahora dependerá de la Secretaría General de Gobierno, deberá “contar con estudios de nivel licenciatura o su equivalente”.
En el caso de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, para designar al nuevo Auditor Superior del Estado, la Ley establece nuevos aspectos.
“Contar al día de su designación, con el grado académico de licenciatura o equivalente, con título de antigüedad mínima de cinco años, y cédula profesional; con una experiencia efectiva de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos”.
Los legisladores expusieron que durante los meses de octubre a diciembre, deberá realizarse el proceso de consolidación de la nueva estructura administrativa.
La Diputada Belén Rosales Puente, señaló que con la propuesta de reforma a esta leyes locales, quienes presten sus servicios al Estado, como titulares de alguna dependencia o entidad, debe basarse en criterios que respondan a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y no acotarse al cumplimiento de determinados requisitos.
“Este tipo de reformas, constituyen un cambio de paradigma en el cual nuestro Estado evoluciona de un modelo de gobierno en cual se amplían las oportunidades para los ciudadanos, sin descuidar que para la elección de los titulares de las diversas dependencias se estarán observando el cumplimiento de perfiles y capacidades adecuadas para ejercer dichos puestos públicos”, abundó la legisladora.
Por su parte el perredista Jorge Valdez, señaló que el Congreso del Estado no sería obstáculo para la aprobación de la ley de Administración pero sí señaló que existen limitaciones en la Ley, para no garantizar los derechos de los trabajadores de confianza, extraordinarios o de contrato.
