Ciudad de México.- Riesgos de conflictos comunales asociados a los nuevos requisitos de impacto social que exige a los inversionistas el marco jurídico de energético mantienen detenidos al menos 20 proyectos en México, reveló la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE).
Entre los proyectos que ya están fuera de sus cronogramas, o incluso suspendidos, se encuentra la primera línea de transmisión eléctrica que correría de Oaxaca a la Ciudad de México para que llegue energía limpia directamente a la capital del país desde los aerogeneradores del Istmo de Tehuantepec.
En esta situación también se encuentra el ramal del gasoducto de Tula, el proyecto de Comexhidro en Puebla, el de Eólica del Sur en Yucatán, afectados por esta situación.
De acuerdo con el Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos y 120 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía (Sener) debe solicitar a los afectados la autorización para el desarrollo de un proyecto de cualquier tipo.
Esta debe contener “la identificación, caracterización y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación, medidas de ampliación de impactos positivos y, el plan de gestión social correspondiente”.
