Aún cuando la iniciativa del senador panista de José Luis Preciado, pareciera fuera de todo orden y escandaloso porque si se vive en un estado sitiado por el crimen, la ilegalidad y todos sus derivados, se pudiera pensar sólo en los efectos negativos de esa propuesta, más no en los resultados que pudiera generar en los ciudadanos.
Preciado justifica la iniciativa de reforma al artículo 10 Constitucional, en el sentido de que los ciudadanos puedan portar un arma en su automóvil o negocio de carácter privado, a excepción de las armas consideradas de grueso calibre o de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Su punto de referencia son los hechos de violencia registrados en el periférico de la Ciudad de México, en la que se ha documentado que una sola persona ha asaltado a más de una persona en un solo acto.
Otra de la referencias es que hay grupos organizados armados y una sociedad en estado de indefensión. Cuya justificación es que el estado mexicano ha fracasado en la tarea de proteger a los ciudadanos. Y hace referencia a información dura en la que muestra que por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos se registra un 4.7 de homicidios y en contraparte el porcentaje de homicidios en México sería de orden de 21 por cada cien ciudadanos.
Y en el afán de hacer más atractiva su iniciativa va más allá y asegura que en estados mexicanos como Colima y Guerrero no son 21 homicidios sino 56 por cada cien. Así como también justifica su propuesta en que se tendría un control sobre la armas.
Aunque apenas es una iniciativa y por lo mismo no ha sido analizada en comisiones, ni está para aprobarse. Hay ciudadanos y legisladores que no la ven como una mala idea. Porque se trata de manera particular revertir la incidencia de los delitos comunes.
En cambio hay quienes piensan que habrá más hechos sangrientos, cuyo resultado es más violencia de la que se busca revertir y por lo mismo sería responsabilizar no sólo a las autoridades, sino a las fuerzas armadas. Es decir, están convencidos de que marinos y militares llegaron para quedarse en fraccionamientos, barrios, poblados y colonias de las zonas urbanas hasta recuperar la armonía de los ciudadanos.
Si bien se trata de privilegiar el principio de que la violencia engendra más violencia, también es cierto que a la par de esa vulnerabilidad hay una ausencia de civilidad. Pero además la sociedad viven hoy estados de irritación.
Pero también resulta interesante recordar que hasta hace menos de dos décadas, en las poblaciones rurales había armas propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, debidamente identificadas y asignadas a los denominados Defensa Rurales, quienes periódicamente pasaban revista en las guarniciones militares más cercanas. En ellas la propia autoridad militar designaba como jefe de la brigada a uno de los integrantes del grupo.
Lo cual fue de orden público, porque los Defensa Rurales llegaron a participar en los desfiles alusivos a la independencia y a la revolución mexicana, en los pueblos y ciudades cercanas a los núcleos de población donde estaban asignados.
A la fecha se desconocen el motivo por el que la autoridad militar pasó a revista las armas pero ya fueron asignadas. Habría que pensar en una defensoría urbana? Porque la mayoría de los delitos se cometen en las zonas urbanas.
