Ante un eventual triunfo de Donald Trump en la competencia para llegar a la Casa Blanca, aumentan los riesgos que ya enfrenta la economía mexicana, más todavía porque se incrementaría las presiones financieras para quienes dirigen ese tema en nuestro país. Más todavía, cuando los analistas del Banco de México advierten que hay indicios firmes de que el país retomó el crecimiento de la economía en el último trimestre del 2016, no se descarta la depreciación del peso mexicano, no obstante a la expansión que se prevé para la economía mexicana.
Además de otra situación identificada por los analistas de Banxico, es que hay una competencia y disputa entre el sector público y privado mexicano por la adquisición de los fondos disponibles en el mercado financiero local. En la que se identifica al sector público hábido de esos recursos para cubrir la deuda pública galopante, que lejos de disminuir se incrementa cada día.
Mientras que el sector privado aspira a la disposición de esos fondos para evitar la descapitalización de sus empresas y la parálisis de sus actividades productivas, pero también el sector privado enfrenta problemas de endeudamiento y descapitalización, como resultado de ejercicios inadecuados que en parte tienen que ver con la volatilidad y la aplicación inapropiada de la inversión.
En este contexto habría que entender las circunstancias financieras de los estados donde se eligieron este año nuevos gobernantes. Ya que en la mayoría de estos, la situación de endeudamiento ha dejado maniatados a los nuevos titulares y por lo mismo las expectativas para de crecimiento en infraestructura y otros renglones es limitada.
Es uno de los indicativos en los que se reflejarían los ajustes del presupuesto de egresos del 2017, que ha despertado la dinámica de gestión de parte de los nuevos gobernantes, porque de mantenerse la inercia de esa reducción al referido presupuesto, el próximo año carecerán de recursos hasta para construir un cordón y una banqueta.
Esto, no obstante que el nuevo titular de la secretaría de hacienda justifique que la deuda del país se incrementó, por invertir en puertos, carreteras, aeropuertos e infraestructura con un alto impacto para el desarrollo económico del país.
Pero por lo mismo no se justifica que los ajustes o reducción del presupuesto del próximo año del orden de los 238 mil millones de pesos, afecte directamente a los sectores educativo, turístico, de salud y agropecuario. Tres de los cuales tienen que ver con las obligaciones del estado mexicano.
Sin embargo, pareciera que el mensaje de quienes dirigen este país, es que en esos sectores es donde es más se agudiza la inercia de la privatización, como son la educación, la salud y el sector agropecuario. Que distintamente a años anteriores las partidas para los inversionistas de la actividad primaria, tienen un decremento relevante, lo mismo que en sector educativo y de salud.
A nivel local, aunque la autoridad estatal y municipal no lo ha hecho público, es obvio que la irritación de los responsables de las principales áreas de obras, servicios, subsidios, programas y prioridades, atiende a las severas limitaciones financieras en las que recibieron sus respectivas administraciones.
Limitantes que les impedirán lograr las metas trazadas en el corto, mediano y largo plazo. Ya que aún cuando las señales enviadas, son de que se trata de un “gobierno diferente”. Cualquier gestión de izquierda, derecha o tercera vía. Está sujeta a la medición de su ejercicio y los resultados de la gestión. Bien lo advirtieron los nuevos inquilinos del palacio estatal, que lo menos que encontrarían, era de un déficit fiscal superior a los 7 mil millones de pesos, que a la hora de abrir la carpeta podrían duplicarse.
