Ciudad de México.- Los gobernadores que retengan los recursos federales a los municipios o el jefe de Gobierno que no entregue el dinero etiquetado a las delegaciones tendrán responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal, de acuerdo con el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.
Por primera vez, la Cámara de Diputados puso reglas en el PEF con el objetivo de evitar confrontaciones entre gobernadores y alcaldes por la entrega de recursos, como sucede en Veracruz.
Los estados y los municipios fueron los que más ganaron con la repartición de recursos públicos para 2017, al tener un incremento de 63 mil 818 millones de pesos en participaciones federales respecto de lo etiquetado este año, además de un aumento de 35 mil 575 millones de pesos en aportaciones federales.
El Pleno de la Cámara de Diputados seguía, al cierre de esta edición, con el debate del Presupuesto 2017, uno de los más castigados, dijeron algunos legisladores.
En lo general, el dictamen se aprobó con 438 votos a favor y 36 en contra. Se presentaron 300 reservas, pero el acuerdo entre las principales fuerzas políticas fue no modificar el documento.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública reasignó 67 mil 707 millones de pesos, sobre todo para proyectos de infraestructura, salud, educación y cultura. En total se distribuyeron cuatro billones 888 mil 892.5 millones de pesos.
El artículo noveno transitorio es el que establece cómo se evitarán las pugnas por la retención de recursos federales de gobernadores a alcaldes y, en su caso, del jefe de Gobierno a los delegados.
“Las entidades federativas no podrán establecer requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos que por su conducto se transfieran a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.”
Los gobernadores y el jefe de Gobierno deberán publicar en internet la fecha, el monto de las transferencias y el número de identificación de las transferencias de los recursos federales aprobados para municipios y delegaciones. Deberá ser público en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores a la transacción.
“El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes, será sancionado por las autoridades competentes en términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que, en su caso, se determinen”.
El dictamen precisa que para 2017 las localidades recibirán 742 mil 566 millones 220 mil 934 pesos por participaciones federales, más de lo que recibieron este año, incluso más de lo que planteó el Ejecutivo federal para el rubro. Además de 651 mil 861 millones 755 mil 922 pesos por aportaciones federales.
Por otro lado, se le inyectan dos mil 400 millones de pesos al Fondo de Capitalidad, pues la falta de recursos para este rubro causó confrontación entre el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y autoridades federales; incluso, el Legislativo le dio 500 millones de pesos al Metro.
También se etiquetan 750 millones de pesos al fondo fronterizo para infraestructura de las localidades del norte y sur. Diputados del PAN, encabezados por Gina Cruz, destacaron que este fondo fue gestionado por el blanquiazul para responder, de manera parcial, a las afectaciones por la reforma fiscal de 2013.
Además, se inyectan dos mil millones de pesos a proyectos dirigidos a mitigar la pobreza de las zonas económicas especiales. En suma, en materia de comunicaciones y transportes se asignaron 84 mil 628 millones de pesos.
El dictamen especifica, asimismo, que la Secretaría de Hacienda deberá hacer las adecuaciones presupuestarias para que se provean los recursos para la operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pese a que esta Secretaría no obtuvo un presupuesto específico, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el priista Alfredo del Mazo, declaró que hay una bolsa de cinco mil 500 millones de pesos para el Sistema Nacional Anticorrupción.
