Ciudad de México.- Un juez federal absolvió a la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo de una de las dos imputaciones que enfrenta por el delito de defraudación fiscal, en la modalidad de declarar ingresos menores a los que realmente obtuvo, por lo que ordenó su inmediata libertad.
La declara inocente por el delito de defraudación fiscal.
Sin embargo, la maestra seguirá bajo custodia de la PGR en el interior de un hospital privado, debido a que se mantienen abiertos otros dos procesos penales por evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Marco Antonio del Toro Carazo, abogado de Gordillo Morales, dijo que la resolución fue dictada por el juez séptimo de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México, en acatamiento a una resolución de un tribunal federal que declaró ilícitas las pruebas recabadas por la PGR para construir la acusación penal contra la también fundadora del Panal.
El litigante explicó que el pasado 26 de octubre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió un amparo a Gordillo por violaciones de la PGR a sus derechos humanos, tras considerar que en este caso se violó su derecho a una defensa adecuada por el ocultamiento de una averiguación previa en su contra por el delito de defraudación fiscal, pese a que sus abogados presentaron 26 solicitudes para conocer cualquier imputación judicial.
Además dijo que en el amparo concedido a su cliente también se llegó a la conclusión de que la Procuraduría Fiscal de la Federación estaba obligada a notificar a Gordillo Morales de cualquier procedimiento o querella iniciada en su contra por el delito de evasión fiscal, para el efecto de que la maestra pudiera comprobar de dónde provenían los ingresos que percibió en distintas épocas.
Luego recordó que en la causa penal en la que ya se exoneró a la maestra se le acusaba de defraudar al fisco con 4.3 millones de pesos por concepto de ingresos que no reportó ante las autoridades hacendarias y por lo que dejó de pagar ISR en 2009.
El abogado sostuvo que tanto las autoridades hacendarias como la PGR debieron notificar a su clienta del presunto desfalco al fisco, para el efecto de que Gordillo acreditara el origen del dinero, lo que se tradujo en una violación al debido proceso, a su derecho de una defensa adecuada y a la ilegalidad de todo el proceso penal que la PGR llevó en su contra.
