Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fracción del PRI en el Congreso del Estado, le exigió al Secretario de Administración Jesús Nader Nasrallah que cesen los despidos y las acciones represivas contra los trabajadores en el gobierno del Estado de lo contrario realice las indemnizaciones por Ley.
La fracción del PRI denuncia que hay actos intimidatorios y represivos por el Secretario de Administración
A través de un punto de acuerdo, que presentó el Diputado Rafael González Benavides, exhortaron a la Secretaría de Administración que suspenda los despidos de trabajadores del gobierno y en su caso, a realizar las liquidaciones o indemnizaciones en los términos que marca la constitución”.
Denunció que los trabajadores que ocupan un cargo “no directivo” son objeto de revanchas políticas en especial, aquellos que externaron la simpatía por un partido político y hoy, han sido despojados del único sustento que tienen sus familias: el trabajo.
“En todas las oficinas de la administración pública, los trabajadores viven a diario el drama de recibir la llamada para que presenten obligada e involuntariamente su renuncia, sin que medie de por medio las indemnizaciones que marca la Ley”.
Y agrega: “En este arbitrario procedimiento, no ha importado la categoría laboral ni la antigüedad de los trabajadores, lo mismo se ha pedido la renuncia de a trabajadores de base sindical, extraordinarios, de base, confianza y por contrato”.
González Benavides, aseguró en la iniciativa que presentó en el pleno que, en algunos casos, incluso quienes están a cargo de esta acción de despedidos, “han esgrimido como “pruebas”, información obtenida de las redes sociales de los trabajadores”.
Dijo que lo mismo está sucediendo en el Poder Legislativo con trabajadores que están siendo despedidos injustificadamente u obligados a renunciar, sin recibir a cambio la indemnización constitucional que por derecho les corresponde, forzados a recibir lo que se les ofrece, aprovechando la ausencia de ingresos.
“Los tamaulipecos tenemos el derecho a no ser discriminados. No se puede discriminar a alguien y menos para ser privado de su empleo, por razones de divergencia ideológica política”.
