Luego del retiro de escoltas a los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores y que fue dado a conocer por el Procurador General de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, el Congreso del Estado hoy a cargo de Carlos Alberto García González, debe de atraer la Ley de Protección a Funcionarios que aprobó la legislatura local anterior en la entidad.
Hay que recordar que esta Ley fue aprobada tanto por diputados priista y panistas, aquí se tiene que decir que ex diputado local del PRI, Heriberto Ruiz Tijerina no la avaló, pese a que era una iniciativa de Ley que había mandado en ese entonces el ex gobernador, Egidio Torre Cantú.
En ella, se buscaba crear una dirección y que perteneciera a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo tanto, luego de estos acontecimientos donde se les quita los escoltas a los ex gobernadores antes citados, debe el poder legislativo, repito a cargo del presidente de la Junta de Coordinación Política, Carlos Alberto García González, atraer de nuevo esa Ley, debido a que tiene facultades para hacerlo.
También hay que decirlo que lo puede pedir cualquiera de las fracciones parlamentarias y representantes de partidos en la nueva legislatura local, la cual en esta menos del Partido Acción Nacional, por lo que deben de proceder, primero atraerla y posteriormente analizarla.
Luego de este retiro de escoltas, se puede decir que hubo omisiones y graves, porque es de todos conocido que ambos ex mandatarios estatales tenían problemas con la justicia americana, entonces pierden sus derechos. Por lo tanto, el ex Procurador General de Justicia, el ex Secretario de Seguridad Pública, el ex Secretario General de Gobierno y el propio ex gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú deben ser investigados, primero por esta Ley y segundo por omisiones.
Cabe destacar que hasta el momento, el poder legislativo a cargo de la fracción panista y que dirige también, Carlos Alberto García González no se ha pronunciado sobre este asunto en particular, pese a que su Procurador General de Justicia, Irving Barrios Mojica puso el dedo en la llaga.
Se espera que su fracción y otras dentro del Congreso de Tamaulipas pidan que se atraiga esa Ley que se aprobó en la legislatura pasada, porque a estas alturas no creo que lo vaya hacer la fracción del PRI a cargo de Alejandro Etienne Llano, debido a que por el ex gobernador, Torre Cantú, es diputado local en este poder legislativo.
Por lo tanto, se espera que la próxima sesión ordinaria alguien pida que se atraiga es Ley y se pueda volver analizar, porque no es posible que estos ex gobernadores hayan tenido seguridad particular y que le costó al erario público estatal, se habla de que en 12 elementos de seguridad se tuvo una erogación de 30 millones de pesos.
Esto también debe ser investigado por el Congreso del Estado, por medio de las comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública a cargo de Carlos Alberto García González, de Seguridad Pública al mando de Glafiro Salinas Mendiola y de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado al mando de Joaquín Antonio Hernández Correa.
En fin, el Procurador de Justicia en el Estado, Barrios Mujica puso en dedo en la llaga, hoy les toca a estas autoridades legislativas y otras ver el caso y llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque quedan pocos días para que se venza el plazo de la entrega-recepción y no se ha visto una acción fuerte de parte del ejecutivo estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en contra al menos de la ex administración estatal que encabezó el sujeto de marras, Egidio Torre Cantú.
Lo peor del caso es que este gobierno lo está padeciendo y no se ha visto una actuación seria, como enérgica, repito en contra de la pasada administración pese a todos los infiernillos que se han abierto en Tamaulipas.
Por hoy es todo.
HASTA LA PRÓXIMA.
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