Ciudad de México.- Todavía no inicia 2017 y el próximo año ya luce complicado para las universidades públicas estatales que buscarán operar pese a recortes presupuestales, deudas millonarias, sin la ayuda federal que recibían desde hace 14 años para sanear sus finanzas y con la amenaza de intervención de la Secretaría de Hacienda.
El bache financiero es tan grande para algunas instituciones que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas opera con un déficit de 20 millones de pesos, a pesar de que en 2005 entregó seis de sus edificios al ISSSTE para cubrir adeudos.
Así, las universidades públicas arrancarán el año nuevo con un recorte presupuestal de cinco mil 300 millones de pesos. Sólo las estatales tienen una deuda actual por 37 mil millones de pesos correspondientes a cuotas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, a impuestos al SAT y a pago de proveedores.
Además, federales y estatales arrastran un pasivo contingente por pensiones por 227 mil millones de pesos, según un reporte de la Auditoría Superior de la
Federación del año pasado.
Sobre las instituciones morosas también pesa la amenaza de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervendrá su gasto corriente para pagar jubilaciones e impuestos.
De acuerdo con sus estados financieros actualizados a septiembre pasado, las universidades con la mayor deuda inmediata son la Autónoma de Coahuila, la de Veracruz y la de Zacatecas.
Para Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el panorama no pinta bien y reveló que el ánimo entre los rectores es de “mucha preocupación”.
Recortes ponen en peligro a las universidades
No recibirán 5 mil 300 mdp por fondos concursables y a algunas morosas ya se les han congelado cuentas bancarias.
Si a las Universidades Públicas Estatales (UPE) ya las había golpeado la crisis financiera, el próximo año recibirán un nocaut. Sufrieron un recorte al presupuesto federal en la educación cercano a cinco mil 300 millones de pesos.
Las UPE recibieron este año en su conjunto 119 mil 666 millones de pesos y el próximo serán 114 mil 399 millones, de acuerdo con lo aprobado para el presupuesto 2017, es decir, casi 5 mil 300 millones de pesos menos.
Entre los rubros más afectados por este recorte en educación superior fue el Apoyo a Reformas Estructurales, que para 2016 recibió 2 mil 713 millones de pesos, destinado a pagar deudas por pensiones y jubilaciones, pero ahora se eliminó; también el Programa Nacional de Becas sufrió una reducción de 30%, pasando de 8 mil 127 millones a 6 mil 238 millones de pesos, entre otros.
También está latente la amenaza a las instituciones morosas, que de continuar con el déficit millonario por falta de pagos a jubilaciones e impuestos, el gasto corriente con el que saldan la nómina será retenido por la Secretaría de Hacienda, pero para finiquitar adeudos.
El pasivo contingente de las UPE por pensiones ascendía a 227 mil millones de pesos en 2013, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte de 2015.
“El ánimo que se vive entre los rectores es de mucha preocupación, porque si en los años en que no teníamos estos recortes presupuestales para algunas universidades había problemas hasta para pagar la quincena o el aguinaldo, mucho más en esta situación”, aseguró Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
El recorte de casi 5 mil 300 millones de pesos a la educación superior sobre todo impactará a la veintena de fondos concursables equivale a cinco veces al presupuesto anual que la UACM tuvo durante 2016.
Por ser un gran golpe en contra de los ingresos para las universidades públicas en 2017, diez rectores se unieron. Entre ellos estuvo Aboites y echaron a andar una estrategia bastante inusual, porque se posicionaron, a través de los periódicos y no de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), como siempre solía suceder.
“Ante este panorama adverso estamos tomando nuevas medidas”, dijo Aboites.
Los rectores redactaron un documento dirigido al gobierno federal manifestando “su preocupación ante la drástica reducción para educación” y lo publicaron los medios de comunicación.
También denunciaron que el recorte de 30% a becas tendría un impacto social severo, pues en un país donde 60% de la población es pobre dejaría a miles de estudiantes sin los apoyos mínimos para continuar la escuela. Después de dicha publicación fue poco el éxito que realmente tuvieron, porque no lograron echar atrás el recorte.
En esta lista de diez rectores que firmaron el desplegado, también estuvieron Antonio Guzmán González de Zacatecas y Jorge Ignacio Peña de Nayarit. Ellos están al frente de las universidades autónomas más endeudadas del país.
