Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila tramitó cuatro solicitudes de extradición por el caso Allende, una de las cuales corresponde a uno de los autores materiales de los homicidios ocurridos en marzo de 2011 en ese municipio.
De acuerdo con el subprocurador de Búsqueda e Investigación de Personas No Localizadas, José Ángel Herrera, en Estados Unidos se localizó a una persona que podría ser autor material de diversas privaciones de la libertad y de homicidios.
Según información difundida por el diario Zócalo de Saltillo, la PGJ también informó que investiga a otros tres exalcaldes de municipios de la Región Norte de Coahuila presuntamente implicados por omisión en la masacre de más de 300 personas que fueron secuestradas.
José Ángel Herrera explicó que uno de los implicados de la masacre de Allende se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal. Fue detenido en Chicago, Illinois, y está en una corte de inmigración, donde se tramita su extradición a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la PGJ.
“El problema es que él, al momento de sujetarse a ese juicio de inmigración, solicitó asilo político en Estados Unidos, eso ha venido retrasando un poco la cuestión que está enfrentando y también la solicitud de extradición, en virtud de que existe una orden de aprehensión en su contra vigente por los hechos ocurridos en Allende”, detalló el funcionario estatal.
Aseguró que en este tema se ha trabajado por más de ocho meses, sin embargo, los procesos de inmigración de Estados Unidos no han permitido avanzar en el tema de la extradición, por lo que deberán esperar que se resuelva la situación jurídica en aquel país.
En ese sentido, reveló que existen tres solicitudes de extradición adicionales para personas que se conoce fueron testigos de lo ocurrido en Allende.
“No son autores materiales, sin embargo, sabemos que tuvieron conocimiento de estos hechos, incluso a partir de ciertas declaraciones que ellos vierten es que nosotros tenemos información (relevante)”, destacó el el subprocurador de Búsqueda e Investigación de Personas No Localizadas.
Y agregó que ninguno de estos testigos fungió como servidor público, sino que forman parte del grupo delictivo que ejecutó los secuestros y los asesinatos de 26 personas.
