Ciudad de México.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la nueva Ley de Vivienda con la que faculta al gobierno local a cobrar “plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
Casi simultáneamente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció su solicitud a la Asamblea Constituyente para retirar el artículo 21, inciso C, numeral siete del proyecto de Constitución que él mismo propuso, para evitar confusiones y para no crear nuevos impuestos.
Ese artículo propone que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno de la ciudad, para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, “incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas”, que deberán aplicarse en pro de los sectores de bajos ingresos.
La ley de Vivienda aprobada por la ALDF dice que las plusvalías recaudadas por las acciones urbanísticas deberán usarse para mejorar el espacio público, entre otras acciones.
La presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF, Dunia Ludlow, aseguró que la nueva ley no impone nuevos impuestos a los dueños de predios, porque para eso primero se tendría que establecer en la Carta Magna y después en el Código Fiscal.
La ALDF aprueba recaudar plusvalía
El ordenamiento señala que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar mecanismos para la captación de recursos por acciones urbanísticas.
Mientras la Asamblea Constituyente debatía los términos de la “recuperación de las plusvalías” en la Constitución de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer la nueva Ley de Vivienda, la cual prevé, en su artículo 94, “que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas”.
La nueva disposición, aprobada ayer en sesión ordinaria con 32 votos a favor, cero en contra y 16 abstenciones señala que la captación de plusvalías se destinará a la “defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México”.
La Secretaría de Finanzas “deberá asignar al Instituto (de Vivienda) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular”.
La presidenta de la Comisión de Vivienda, Dunia Ludlow, defendió que la Ley de Vivienda no obliga a la captación “de plusvalías en el sentido en el que se discute en la Constitución”, puesto que un impuesto adicional para los dueños de predios y posterior a la inversión pública se tendría que establecer primero en la Carta Magna y después en el Código Fiscal.
El grupo parlamentario de Morena, del que fueron todas las abstenciones, consideró que esta Ley debió votarse después de la publicación de la Constitución de la Ciudad de Méxicio.
El dictamen de la Ley de Vivienda fue sometido a una transformación sustancial luego de que el pasado 22 de septiembre, cuando en periodo extraordinario se presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa, que por falta de acuerdos se regresó a su análisis en comisiones.
En total, se incluyeron 297 modificaciones de 798 observaciones propuestas, en su mayoría por Morena además de organizaciones de vivienda, integrantes de la industria de la construcción, órganos de gobierno como el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (Invi). También establece el derecho a la residencia “adecuada” para los habitantes de la Ciudad de México.
