Ciudad de México.- El dictador Augusto Pinochet Ugarte falleció hoy hace una década, a los 91 años de edad en el Hospital Militar de Santiago. Con su muerte terminó también una de las páginas más oscuras de Chile, pero su herencia económica sigue bajo una disputa legal en los tribunales.
Pinochet rigió con mano de hierro los destinos de Chile entre 1973 y 1990, a la cabeza de una dictadura que eliminó y reprimió a miles de opositores. Cuando falleció, la Justicia chilena estaba en proceso de encausar al general por algunos de los crímenes cometidos por el gobierno militar que dirigió.
El cadáver de Pinochet fue trasladado a la Escuela Militar de Santiago, donde se instaló una capilla ardiente durante al menos 48 horas, aunque la entonces presidenta Michelle Bachelet anunció que el dictador no recibiría honores de Estado. Bachelet, hija de un político opositor muerto por el gobierno de Pinochet, hoy está en su segundo periodo presidencial no-consecutivo.
Al momento de morir estaba procesado como presunto autor de secuestros, homicidios y torturas; en al menos tres casos por violaciones a los derechos humanos además de un caso de fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en relación con el descubrimiento, en 2004, de numerosas cuentas secretas a su nombre en el Riggs Bank de Estados Unidos y otros bancos del exterior, en las que acumuló una fortuna calculada hasta el momento en 28 millones de dólares actuales, de los cuales 17.9 millones de dólares habrían sido obtenidos ilegalmente.
La Caravana de la Muerte, la Operación Cóndor o la Operación Colombo eran algunos de los nombres de las campañas de represión a opositores. El proceso judicial al dictador comenzó en octubre de 1998, cuando, por orden del juez español Baltasar Garzón, fue arrestado en Londres, donde pasó 17 meses presa.
Los trámites legales no fructificaron con su entrega a España y Pinochet volvió finalmente a Chile por problemas de salud. No obstante, se abrió la puerta legal a su enjuiciamiento y la justicia chilena con el juez Juan Guzmán a la cabeza, destacó en un artículo el diario El País.
Según estimaciones, unas tres mil 200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que mil 192 permanecen como detenidas o desaparecidas. Más de 28 mil opositores fueron torturados, según datos oficiales, y alrededor de 300 mil debieron exiliarse por razones políticas.
