Cancún, Quintana Roo.- El gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias por peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas –que involucran más de 2 mil millones de pesos– contra funcionarios de cuatro dependencias de la administración estatal pasada, encabezada por el priísta Roberto Borge Angulo.
En conferencia conjunta, los secretarios de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, y de Gobierno, Francisco López Mena, informaron que los acusados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) son el ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y Eliezer Manuel Villanueva Lanz, ex funcionario de esa dependencia; Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Planeación (Sintra), y los ex subsecretarios Ariel Federico Meeser Soureau y Andrés Canul Novelo.
Asimismo, están implicados Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de Desarrollo Urbano y Vivienda, actual secretario del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún); Paulina García Achach, ex funcionaria de esa dependencia, y Paula González Cetina, ex directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
Del Pozo Dergal y López Mena aseguraron que la corrupción en el pasado gobierno estatal no sólo fue generalizada, sino también organizada.
Explicaron que las denuncias penales, que involucran un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 558 pesos, fueron producto de las auditorías realizadas a la gestión de Borge Angulo, a quien el pasado viernes la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional suspendió sus derechos de militante.
Estas querellas se suman a las dos presentadas por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado, interpuestas en noviembre pasado ante la PGR y la FGE. Habrá más denuncias conforme avancen las revisiones, apuntó Del Pozo Dergal.
En las demandas se señala a por lo menos 11 personas, entre ellas empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anterior gobierno, por irregularidades en la enajenación de predios del estado.
La superficie de la cual se privó al gobierno de la entidad, 95 millones de metros cuadrados, equivale a más de seis veces toda la zona hotelera de Cancún, o a 24 veces el territorio de Isla Mujeres, y en algunos casos el precio de venta ni siquiera llegó a uno por ciento de su valor real, subrayó el secretario de la Gestión Pública.
En Sintra, la denuncia es por la renta irregular de maquinaria por más de 700 millones de pesos, pues no hay evidencia de la prestación del servicio. Están en investigación otros dos contratos por más de mil 519 millones de pesos.
López Mena afirmó que la administración encabezada por Carlos Manuel Joaquín González está dando pasos firmes para combatir la red de impunidad y la corrupción creada por el anterior gobierno, y para hacer que los actuales servidores públicos transparenten su patrimonio, sus relaciones y sus obligaciones fiscales.
