Chetumal, Quintana Roo.- El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, acusado de lavado de dinero, saldrá libre de la prisión-hospital de Lexington, Estados Unidos, este viernes y será repatriado a México, donde lo aguarda una condena de 22 años, 7 meses y 11 días, confirmó su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien adelantó que solicitarán prisión domiciliaria con base en su mal estado de salud.
De acuerdo con fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad, el ex mandatario llegará este viernes después del mediodía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo privado, luego de permanecer recluido seis años siete meses. Todo apunta a que será trasladado al penal de alta seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.
Sin embargo, existe otra posibilidad: que arribe al hangar de la Procuraduría General de la República en el aeropuerto de Toluca, donde personal de esa dependencia, con apoyo del Grupo de Fuerzas Federales, entregó al ex mandatario en 2010 a los agentes del gobierno estadunidense para su extradición.
En contra de Villanueva Madrid está pendiente una sentencia condenatoria emitida en segunda instancia dentro del proceso penal 101/2003, del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el estado de México.
Voy a la cárcel, pero ignoro a cuál y dónde; mi custodia quedará a cargo del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de la Secretaría Gobernación, la cual decidirá en qué penal deba cumplir mi sentencia, señaló Villanueva Madrid desde la prisión mediante un blog que se difunde en su cuenta de Facebook.
Mario Villanueva, de 68 años, quiere pasar sus últimos años en Chetumal, en su casa, luego de ser liberado por buena conducta de la cárcel en Estados Unidos, donde cumplía una pena de 17 años por el delito de lavado de dinero, una vez absuelto de cargos de narcotráfico.
Contra el tratado de extradición, juzgado doblemente tanto en México como en Estados Unidos por el mismo delito y por el empeño del presidente Felipe Calderón Hinojosa –como el mismo narra–, Villanueva Madrid cumplía desde 2013, una pena de seis años y siete meses, porque le acreditaron nueve años que estuvo en prisión en México, seis de ellos en el penal de Alta Seguridad El Altiplano y tres en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México.
El Chueco, como se le conoce, aún goza de muchos adeptos en Quintana Roo, quienes lo consideran el mejor gobernador del estado. Ha expresado desde el periodo de campañas políticas su apoyo al ahora gobernador Carlos Joaquín González, y también su ruptura con el PRI.
En 1999, la Procuraduría General de la República (PGR), lo acusó de 13 delitos y solicitó a un juez cuatro órdenes de aprehensión, mismas que este concedió, según él, sin siquiera revisar los expedientes. El político priísta fue aprehendido en Cancún en mayo de 2001, luego de dos años dos meses de estar prófugo, acusado de recibir hasta 500 mil dólares por cada cargamento del cártel de Juárez que llegaba al estado.
Fue recluido en el Altiplano hasta junio de 2007, cuando fue liberado al ser absuelto de la mayoría de los delitos, excepto lavado de dinero, por el que se le impusieron seis años de prisión. Las sentencias absolutorias fueron echadas abajo por un magistrado de apelación y fue nuevamente condenado a 36 años y nueve meses por los delitos de fomento al narcotráfico y lavado de dinero.
Apeló de la sentencia, la cual se redujo a 22 años, que concluirá cuando Mario Ernesto Vilanueva cumpla 91 años, pena que es una muestra más de la enorme saña con la que el gobierno mexicano me ha tratado.
El expediente de este maxi proceso pesa dos toneladas, y el ex gobernador es el único inculpado de los delitos.
Mi padre es un guerrero; se dobla, pero no se quiebra; el interno hace lo posible para que la familia crea que se encuentra bien, pero ambas partes sabemos que no, expresó Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado local por el partido Encuentro Social e hijo del ex gobernador, al ofrecer ayer a primera hora una conferencia de prensa en la que confirmó la salida de su padre de la prisión en Lexington.
Agregó que tiene confianza en que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto no actúe igual que sus antecesores, que principalmente vieron el asunto desde una perspectiva política. Es un tema de salud y justicia, y exigimos que sea tratado como tal, demandó.
Después de esto hay un procedimiento en el que tiene que ser repatriado y la Secretaría de Gobernación definir, a través de sus instancias, dónde será recluido; nosotros estamos preocupados por su salud, expresó Carlos Mario Villanueva en la sala de comisiones del Congreso de Quintana Roo, donde se realizó la conferencia de prensa.
Explicó que la condición de salud de su padre desde hace dos años –bajo tratamiento a causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)– requiere atención especializada.
Al dar lectura a un documento redactado por su padre, argumentó por este motivo pedirán al gobierno federal cárcel domiciliaria. Detalló que su enfermedad se derivó de una serie de omisiones dentro del penal de El Altiplano y las pésimas atenciones que recibió en su interior.
Una gripe se convirtió en asma por el frío y la humedad; hubo un incendio en una celda en la que estaba a un costado y retiraron a todos menos a él; esto generó que mi padre respirara humo por algunas horas y aumentara la problemática pulmonar, y eso generó la EPOC, detalló.
A causa de omisiones y mala fe del gobierno federal y autoridades penitenciarias, el ex gobernador vio mermada su salud también durante su estancia en el Reclusorio Norte. La familia cuenta con un expediente médico de más de mil fojas que justifica la prisión domiciliaria que se está solicitando.
En su escrito, Villanueva Madrid sostiene que en ninguna cárcel federal de México hay condiciones para proporcionarme la atención médica que necesito; deberían llevarme directo a mi casa, pero no será así, y llegando a México solicitaré se me otorgue el beneficio de compurgar la pena en el domicilio en lugar de la cárcel.
En un comunicado, la PGR señaló que estará al tanto de la fecha en que las autoridades migratorias de Estados Unidos resuelvan el caso, con el fin de ejecutar la orden de detención del ex gobernador para que cumpla la sentencia mexicana.
