Buenos Aires.- La Justicia argentina determinó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, informaron fuentes judiciales.
El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que Fernández declaró como investigada en octubre, se estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otro caso por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Ercolini ordenó, además, un embargo de 10 mil millones de pesos (unos 664 millones de dólares) de Fernández y el procesamiento de, entre otros, Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López.
La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.
En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
El magistrado señaló que “se encuentra acreditado” que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados-, “y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada”, habrían formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
“Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”, remarca el dictamen.
