Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En su informe de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 2016, la CNDH encontró en 38 lugares de detención e internamiento del Estado de Tamaulipas, 232 situaciones de riesgo como el uso irregular de la fuerza y medios de coerción, internos que realizan funciones de autoridad, cobros y privilegios, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad y omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
El informe “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura -MNPT- revela que en Tamaulipas las autoridades omiten las denuncias por tortura, hay reos que realizan trabajos de funcionarios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, revela en su informe que el octubre del 2016, llevó a cabo una visita de seguimiento en donde se visitaron 30 lugares dependientes del Gobierno del Estado, siendo éstos 16 agencias del Ministerio Público bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de Justicia, cuatro centros de reclusión para adultos.
Así como cuatro centros de tratamiento interno para adolescentes, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, cuatro Albergues para la atención de víctimas de delitos y asistencia social, dos centros psiquiátricos; así como ocho lugares ubicados en diversos municipios del Estado, todos bajo la competencia de los correspondientes ayuntamientos.
A la lista de observaciones con “situaciones de riesgo”, se hizo de conocimiento al gobierno del estado en marzo del 2016 y la anterior administración estatal que encabezaba Egidio Torre Cantú, omitió la mayoría de las recomendaciones hechas por la CNDH.
Además, el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que hoy se dio a conocer, revela que el pasado 28 de abril del 2016, hizo del conocimiento de los presidentes municipales de Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria, sobre 69 situaciones de riesgo que se señalan en las cárceles municipales en donde tienen serias irregularidades.
En el documento nacional se presenta un desglose sobre las visitas iniciales y de seguimiento a lugares de detención e internamiento realizadas durante 2016, con el objetivo de verificar el trato que reciben las personas en lugares de detención e internamiento.
Para cada una de las 232 situaciones de riesgo que detectó la CNDH en los CEDES de Tamaulipas así como centros de atención para adolescentes privados de la libertad, entregó las acciones necesarias y las posibles soluciones para mejorar las condiciones de los detenidos, procesados y sentenciados.
El Informe la CNDH se basa en cinco “tipo de derecho” que fueron encontrados en los penales de la entidad así como en dependencias y centros de reclusión para adolescentes y es la falta de la legalidad, Integridad y un trato humano y digno lo que más carecen
Por ejemplo en el “Derechos a recibir un trato Humano y Digno” se detectaron 72 situaciones; Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica 100; Derecho a la Protección a la Salud 33; Derecho a la integridad personal 74; Derechos Humanos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad 22.
Los riesgos entre las situaciones de riesgo detectadas en Tamaulipas, destacan las relacionadas con el uso irregular de la fuerza y medios de coerción; inadecuadas condiciones de las instalaciones que alojan a las personas privadas de la libertad; deficiencias en la alimentación; sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de detención; carencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres, así como de personal para su atención.
Sobre el “Derecho a la Legalidad y seguridad jurídica”, la CNDH añade en el informe que existen internos que realizan funciones de autoridad, cobros y privilegios; falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica.
Aunado a la carencia de personal especializado para la atención de los adolescentes privados de la libertad; carencia o insuficiencia de aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior; deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad.
Así como inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos; falta de difusión de reglamentos a la población interna; omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
Existen además deficiencias en el consentimiento informado de pacientes psiquiátricos; deficiencias en materia de personal médico, prestación del servicio, equipo y abasto de medicamentos; práctica de exámenes médicos a los detenidos sin condiciones de privacidad.
Hay insuficiente personal de seguridad y custodia; falta de capacitación en materia de prevención de la tortura a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención; inadecuada supervisión de los lugares detención; obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las celdas.
Se menciona el Derechos Humano de “Grupos en Situación de Vulnerabilidad” en el que no existen programas contra las adicciones y carencia de accesos para personas con discapacidad física.
