Ciudad de México.- El Poder Judicial Federal admitió a trámite la primer demanda de amparo en contra de la Secretaría de Economía (SE) por el incremento a los precios de la gasolina, al considerar que con ello se violan las garantías de igualdad, justicia rápida, rectoría económica del Estado y proporcionalidad equitativa, en este caso podría dictarse sentencia el próximo 31 de enero.
El ciudadano argumentó, que al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y demanda del mercado de consumo se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley.
La Juez Ana Luisa Hortensia Priego, del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió “téngase por recibida la demanda… regístrese en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 4/2017 y fórmese expediente… se admite a trámite… cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual tendrá verificativo a las diez horas con diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete”.
José Oscar Valdés Ramírez, acudió el dos de enero, ante el Poder Judicial Federal en la Ciudad de México, para presentar demanda en contra de la SE, por omisión de fijar los precios de la gasolina (incremento en el precio en forma diferenciada), considerándolo violatorio de los artículos 1, 17, 28 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciándose el juicio de amparo 4/2017.
El ciudadano argumentó, que al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo a la oferta y demanda del mercado de consumo se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley; que no pueden existir mexicanos de primera o de segunda clase y que la decisión violan los artículos 1, 17, 28 y 31 fracción IV de la Constitución, así como las Leyes Secundarias de los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, lo mismo que el Artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Agregó, que también se viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José en cuanto a que los gobiernos están obligados a proteger los derechos de igualdad, equidad y proporcionalidad de sus ciudadanos; el Juzgado ordenó pedir el informe justificado a la autoridad responsable, con lo cual da inicio al juicio de amparo.
