Es y seguirá siendo de facto que los actos de violencia que se registran en esta entidad desde los años 40 del siglo pasado, seguirán manifestándose, por circunstancias diversas. En este sentido son razonables las expresiones de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano, en el sentido de que la violencia se resolverá en México cuando la nación tenga la capacidad de generar los empleos que demandan las nuevas generaciones. Aunque hay que reconocer que los miles de jóvenes involucrado en actos de violencia, consideran esa actividad como un empleo, porque obtienen una remuneración por el trabajo que desempeñan.
Es en sentido, uno de los paradigmas que los gobiernos de todos los colores han ignorado, desde el inicio de la guerra del narco, así como la indolencia de los gobernantes para resolver ese problema social y la colusión de los políticos con la delincuencia.
Sobre todo porque está comprobado por la propias autoridades judiciales de los órdenes federal y estatal, que la mayoría de los 20 ex gobernadores en contra de los cuales hay carpetas de investigación sustentadas y vigentes, que los han llevado a la extradición, caso Mario Villanueva de Quintana Roo y Samuel Ocaña de Sonora, han tenido vínculos fehacientes de sus relaciones y lo más grave, de sus operaciones.
El rezago del aparato gubernamental radica precisamente en que por cobrar facturas a grupos propios de sus partidos y de rivales políticos, las administraciones públicas se han ocupa de combatir a sus rivales, pero han ignorado su lucha contra el desempleo y los “cerebros” delincuenciales son quienes han atraído a esa masa de desempleados para satisfacer la demanda de un ingreso económico que resuelva o por lo menos logre paliar la pérdida del poder adquisitivo. La brecha entre uno y otro es enorme. Casi de un mesero al hombre más rico de México.
Así tenernos que mientras el gobierno federal aplica un incremento en el precio de los carburantes, con el cual no están de acuerdo los empresarios, lo mismo que los gobierno estatales y municipales. Los nuevos entes generadores del empleo y ocupación informal, ofertan gasolina y diesel extraídos de manera clandestina de los ductos de la paraestatal.
Actividades en las cuales los principales involucrados son los empleados de Pemex, hecho documentados amplia y profundamente por la autora Ana Lilia en su obra denominada, El Cartel Negro, asunto que amerita una nueva entrega.
Lo cierto es que en la época de la bonanza petrolera, los gobiernos de los dos colores que han gobernado al país, no crearon los detonadores de empleo, de crecimiento, desarrollo y de riqueza.
Ya que hoy no hay pobreza sino miseria, no hay patrones sino peones-patrones, en este país, carente de voluntad de sus gobernantes para posicionar a los ciudadanos en nuevos estadios de productividad, con ello en una legítima autonomía alimentaria y autosuficientes en la industria de la transformación. Pero sobre todo independiente no solo de los mercados externos, sino de los recursos naturales, incluidas las energías fósiles.
Lo patético del asunto de los carburantes es la nefasta posición de Aurelio Nuño secretario de educación, quien aseguró a los medios nacionales que el alza a las gasolinas y el diesel no afectará a los estudiantes. En fin, lo que es desarrollar una vida ajena a los problemas de este país. No obstante que algunos académicos mexicanos consideran que los pobres de esta nación serán los más afectados.
En otro orden, ayer presentó su segundo informe el todavía presidente del Supremo Tribunal de Justicia tamaulipeco. Hernán de la Garza Tamez fue preciso y conciso de sus actividades. En representación del poder ejecutivo asistió César Verástegui Ostos secretario general de gobierno.
