Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) recibirá hoy la ampliación de denuncia en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, defraudación fiscal, por violación a las leyes migratorias y de inversión extranjera en México, informó hoy Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependencia de la Secretaría de Gobernación, y exige se ejerza acción penal en contra del nuevo mandatario estadunidense.
El exlegislador interpuso la documentación en la que, como antecedentes, señala que en 2006 el actual presidente de Estados Unidos puso en marcha el desarrollo de un conjunto de lujosos condominios, tipo hotel, situado en Punta Bandera, en playas de Tijuana, Baja California, sin embargo, el desarrollo inmobiliario colapsó económicamente en 2009, enfrentando pérdidas de entre 200 y 300 mil pesos por persona, a quienes la empresa Trump Ocean Resort Baja México pidió como anticipo a los potenciales condóminos del lugar.
En el litigio, que se produjo en un tribunal de California, Donald Trump; su hijo, Donald Trump junior; su hija, Ivanka Trump, y la asociación Trump fueron nombrados como acusados, citando a la Ley federal y estatal.
Después de 4 años y medio de litigio, Trump resolvió la demanda en su contra en 2013 por un monto no revelado. Los socios desarrolladores de Trump, Jason Grosfeld, Adam Fisher y la empresa Irongate Developers habían establecido con los compradores una cantidad de más de siete millones de dólares.
Martínez Veloz explicó a Excélsior que el pasado 18 de octubre de 2016 solicitó al ayuntamiento de Tijuana información sobre los permisos solicitados por Trump y la empresa Irongate para construir dicho complejo turístico a lo que Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana respondió: “Se realizó una búsqueda de los archivos digitales que obran en la Dirección de Administración Urbana y no se encontró ningún documento o licencia relacionado con la empresa constructora Irongate de Los Angeles”.
En esta ampliación de denuncia del ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación para el estado de Chiapas, Martínez Veloz evoca el párrafo décimo, inciso 1, del Artículo 27 de la Constitución mexicana, en el que hace referencia a que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del límite del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio d ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada, en ese sentido, Martínez Veloz dijo que el actual presidente de EU violó la Constitución al haber adquirido terrenos dentro del margen prohibido para ser adquiridos por un extranjero en México.
El funcionario Federal señaló que en el Artículo 27 Constitucional se establece que ningún extranjero puede vender o comprar tierras a 100 kilómetros por la frontera, o 150 de las playas nacionales.
También dijo que hay una formula en la ley de inversión extranjera que se utiliza en este tipo de transacciones, en las cuales se requiere la creación de un fideicomiso que tiene que registrar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual Donald Trump y su socio no lo hicieron, según Martínez Velos, en una solicitud hecha a través de transparencia.
Como parte de esta aplicación de denuncia contra el mandatario estadunidense, Martínez Veloz constató que Trump no obtuvo tampoco una Visa de trabajo que requería necesariamente para poder hacer el tipo de negocios que intentó hace 11 años en Tijuana. El Excélsior
