Hermosillo.- Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron a un elemento de la Policía Estatal Investigadora (PEI) identificado como Ramsés N., integrante de una banda de traficantes de bebés, quien aprovechaba su cargo para amedrentar a madres para que no reclamarán a sus hijos que eran vendidos a parejas que pagaron hasta 130 mil pesos por infante.
En un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Seguridad detalló que elementos de la PGR y la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en contra del agente Ramsés Olivas y Adolfo Cota Montaño, por su probable responsabilidad en los delitos de Adopciones Ilegales, Trata de Personas y Delincuencia Organizada en agravio de 10 menores de edad, ocurrido en la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora.
De acuerdo a la investigación realizada por personal ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), detuvieron a Ramsés, quien aprovechaba su placa de policía para amedrentar a las madres de familia, en situación de vulnerabilidad por pobreza o adicciones, para evitar que reclamarán a sus hijos que eran vendidos hasta en 130 mil pesos por Vladimir Arzate Carbajal, ex director de la Línea Protege del Sistema DIF Sonora.
La averiguación previa establece que Adolfo Cota, quien también es exfuncionario público, era el encargado de conseguir varias parejas para adoptar a menores de edad de manera ilegal, por lo que fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social 12 en Ocampo, Guanajuato.
Con esto suman cinco personas detenidas por tráfico de bebés, incluyendo a Vladimir Arzate; Ramsés Olivas; Adolfo Cota; el médico del IMSS, Edgar Vázquez Tello, quien conseguía los avisos de nacimiento para que las parejas registraran a los bebés como sus hijos biológicos; y Emma Consuelo Falcón, quien fue detenida por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, pareja sentimental de José Manuel Hernández López, ambos tenían su casa habilitada como guardería para albergar a los infantes en lo que eran vendidos.
Éste último era asesor jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora y permanece prófugo de la justicia, es buscado hasta en 190 países a través de una ficha roja de Interpol para su ubicación, arresto y extradición.
