Nueva York.- Decenas de miles en las calles del país y un amotinamiento diplomático están entre las expresiones de disidencia creciente dentro del gobierno, y hasta el ex presidente del país enfrenta a la presidencia de Donald Trump sobre sus decisiones antimigrantes, el cual en sólo una semana –tiempo récord– ha logrado la desaprobación de la mayoría de la ciudadanía estadunidense.
El movimiento de resistencia contra las medidas antimigrantes y el cierre de fronteras contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, que se multiplica por todo el país con el lema No ban, no wall, se alimenta de una multitud de organizaciones de inmigrantes, la comunidad musulmana y aliados en defensa de derechos civiles y constitucionales que inundaron calles y aeropuertos durante los últimos días.
Junto con la rápida movilización civil estalló una creciente ola de disidencia dentro del gobierno y del propio partido de Trump, que ha asombrado hasta a los observadores más veteranos de la política en este país.
En lo que es una especie de amotinamiento dentro del Departamento de Estado, más de cien diplomáticos de carrera están firmando (algunas versiones dicen que son cientos) un borrador de memorando que reprueba las medidas de la orden ejecutiva emitida por Trump el pasado viernes, no sólo porque no funcionarán, sino porque son contrarias a valores estadunidenses centrales de la no discriminación, trato justo y ofrecer una bienvenida a visitantes extranjeros e inmigrantes.
Trump descartó las quejas por medio de tuits, como es su costumbre. Primero insistió en que su orden no era una prohibición contra musulmanes (algo considerado ilegal), después afirmó que el caos desatado en aeropuertos, cuando oficiales de aduanas y migración intentaron aplicar la orden ejecutiva, no tenía nada que ver con las instrucciones oficiales, sino que era producto de un problema con computadoras de una aerolínea (algo que sucedió el domingo por la noche), manifestaciones y mentiras en los medios.
Él y sus promotores argumentan que la prohibición es necesaria para prevenir atentados terroristas. Trump por tuit defendió la implementación inmediata de su orden, ya que hay muchos malos tipos allá afuera. Su vocero Spicer comentó: No se sabe cuándo llegará el próximo atentado y por lo tanto hay que actuar antes, y afirmó que el sistema de verdad funcionó muy bien.
Pero la respuesta de la Casa Blanca a la disidencia diplomática fue más agresiva. Su vocero Sean Spicer advirtió que si los funcionarios de carrera tienen un problema con la orden, deben sumarse al programa o pueden irse.
Vale señalar que inmigrantes de esos siete países (Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen) no han sido responsables de atentados terroristas en Estados Unidos, mientras países como Arabia Saudita, cuyos ciudadanos sí lo han sido, no aparecen en la lista.
Batallas legales
Mientras tanto, hoy se presentó la primera demanda legal para anular la prohibición de ingreso de personas de los siete países, por el procurador general Bob Ferguson, del estado de Washington, uno de los procuradores generales de 16 estados que declararon que procederán para anular las órdenes por considerarlas ilegales. Si prospera la demanda, podría invalidar la orden ejecutiva a nivel nacional, dijo Ferguson, quien agregó que el presidente no se está apegando a la Constitución en el caso de esta orden ejecutiva.
La demanda goza del apoyo de dos empresas influyentes, Amazon y Expedia, con sedes en ese estado. De hecho, varias de las principales firmas del sector tecnológico se han expresado en contra de estas órdenes y medidas durante los últimos días, incluida Google, la cual creó un fondo de 4 millones para beneficiar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones defensoras de refugiados.
El ejecutivo en jefe de Apple declaró que su empresa no existiría sin la inmigración, y así otros directores.
El Consejo sobre Relaciones Estadunidenses-Islámicas (CAIR) también presentó una demanda legal ante tribunales para anular la orden, con el argumento de que su propósito es iniciar la expulsión masiva de inmigrantes y no inmigrantes musulmanes que residen legalmente en Estados Unidos.
En un hecho inusual, Sally Yates, procuradora general de Justicia en funciones, hasta que sea ratificado (posiblemente este martes) Jeff Sessions, nombrado por Trump para ese puesto, declaró la noche de este lunes que ordenó que el Departamento de Justicia bajo su mando no defienda la orden ejecutiva del presidente, ya que no estoy convencida de que sea legal (ella fue nombrada por Barack Obama). Poco más tarde, Trump ordenó destituirla.
