Los vientos de cambio ahora sacudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El titular de ese organismo por fin se digno presentar un informe público de sus actividades correspondientes al 2016.
Legisladores locales, sobre todo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tamaulipeco estuvo atento al informe, sobre una de las materias que promueve, gestiona y atiende la actual administración.
Quizá por ese motivo también en representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistió el Secretario General de gobierno César Verástegui Ostos, de quien sus amigos aseguran que se le subió el puesto, porque dejó de contestarles el teléfono.
La que no ha perdido el piso es la subsecretaría de derechos humanos Gloria Garza, quien puntualmente da seguimiento a los casos de abusos, pero sobre todo da puntual seguimiento a las demandas de los familiares de la víctimas. Ayer recibió a varios colectivos de esta ciudad capital, con quienes estableció mesas de trabajo en la Secretaría General de gobierno.
Por fin los entes públicos y privados pudieron conocer un informe completo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ejercicio que no se realizaba desde el año 2004 cuando se conoció el último documento, es decir desde la administración del ex gobernador Eugenio Hernández Flores no había transparencia en materia de derechos humanos y más bien predominaba la opacidad en ese organismo.
Época en la se empotró en la titularidad de ese cargo el priista de cepa Bruno del Río, quien por cierto ocupa una jugosa asesoría en ese organismo, desde que causó baja en la presidencia del mismo, por presiones de los legisladores locales de la anterior legislatura, gestión en la que no figuraron los diputados priístas ni panistas.
Pero ante el cambio de régimen, el presidente de la CEDH José Martín García Martínez se puso a modo y voluntariamente sin que le recordaran el estipulado legal se ofreció a presentar su informe, hemos de recordar que durante la toma de protesta, el gobernador García Cabeza de Vaca, fue suficientemente claro, en que los derechos humanos serían la columna vertebral su gestión en los próximos seis años.
Ciertamente la CEDH no aguanta una auditoría de los derechos humanos, como lo indicó en su discurso el gobernador, porque el organismo fue omiso en el clamor y los reclamos de los ciudadanos, que no encontraron quien escucharan su quejas cuando sus parientes fueron víctimas de los desplazamientos forzosos.
Dónde estuvo la CEDH cuando pobladores de al menos una veintena de pueblos tamaulipecos, del norte, centro y sur de la entidad fueron obligados a abandonar sus comunidades rurales.
Qué decir de los visitadores que no se constituyeron en las agencias del ministerio público, cuando las familias de las víctimas reclamaban su presencia porque el fiscal se negaba a recibirles una denuncia por despojo de su vivienda, su vehículo o de sus sitio de trabajo.
Pero por fin después de doce años, los entes públicos y privados de los derechos humanos vuelven a saber de la CEDH, conocieron un informe muy al estilo de José Martín García Martínez. Aunque el informe dejó más dudas, no solo sobre la transparencia del presupuestos asignado por el Congreso, sino porque le faltó argumentación y descripción a la información dura proporcionada en el referido informe.
En las líneas del informe se trasluce la mano de Bruno del Río Pérez, quien se resiste a renunciar a la pensión que obtiene de ese organismo.
