Madrid.- La agenda política europea contaba entre sus temas centrales de 2017 con las iniciativas del gobierno catalán para independizarse del resto de España. Pero el año comenzó con una escalada de tensión entre Madrid y Barcelona que podría precipitar el choque final entre ambos frentes antes de lo previsto.
Ante ese panorama, el gobierno español no descarta tomar medidas coercitivas para impedir que los independentistas catalanes avancen en su deseo de celebrar un referéndum en los próximos meses.
Mientras, el Ejecutivo catalán insiste en su desafío y asegura que en julio activará un sistema informático que permitirá recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes.
El debate por la pretensión independentista de la Generalitat (gobierno catalán) se recrudece en España ante la posibilidad de adelantar el anunciado referéndum soberanista, a pocos días de que empiece el juicio contra el expresidente de esa región Artur Mas por impulsar una consulta similar en 2014, declarada ilegal.
El propio Mas y su exportavoz Francesc Homs serán juzgados en dos procesos diferentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ante el Tribunal Supremo, respectivamente, por prevaricación y desobediencia. Los mismos cargos que afronta en un tercer proceso la actual presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
El Ejecutivo catalán anunció un referéndum sobre la independencia de esa comunidad del noreste español para septiembre de este año y, ahora, algunos de sus promotores insinúan que puede ser en junio, pese a la oposición del Tribunal Constitucional y al rechazo del gobierno de España.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy calificó de “absurdo” que los políticos independentistas digan que se va a celebrar un referéndum ilegal.
Fuentes del Ejecutivo de Madrid aseguraron tener todo previsto para responder a la posible convocatoria de la consulta, que implicaría recurrir de nuevo al Tribunal Constitucional y, si es necesario, adoptar medidas coercitivas, como impedir que se abran los colegios en los que se colocarían las urnas.
Ajeno a ese rechazo, el presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, garantizó que organizará la citada consulta por muy tarde en septiembre con “garantías jurídicas”, aunque sea sin el acuerdo del gobierno central, que mantiene una “negativa unilateral”.
Puigdemont encabeza un Ejecutivo respaldado por una coalición de independentistas llamada Junts pel Sí, que van desde el centro derecha a la izquierda republicana.
La actual portavoz de la Generalitat, Neus Munté, contribuyó a los rumores argumentando que “se viven circunstancias muy excepcionales por la extrema judicialización de la vida política catalana”.
