Londres.- La ley que otorgará a la primera ministra británica, Theresa May, el poder constitucional de ejecutar la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) recibió ayer el visto bueno de la Cámara de los Comunes, con una cómoda mayoría y sin ninguna enmienda de la oposición.
Con 494 votos a favor y 122 en contra, los diputados aprobaron sin cambios el escueto texto presentado por el gobierno, de 137 palabras, que se someterá ahora al escrutinio de la Cámara de los Lores.
El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ordenó a los suyos alinearse con el gobierno y secundar el Brexit, pero 52 parlamentarios de su formación rompieron la disciplina de voto bajo el argumento de que sus circunscripciones se decantaron por seguir en la UE en el referéndum del pasado 23 de junio.
Los votos de esos laboristas rebeldes se sumaron a los del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y la mayoría de los liberaldemócratas, que se manifestaron en contra de la ley.
La oposición había puesto sobre la mesa 142 páginas de enmiendas para tratar de matizar la postura del gobierno, favorable a un Brexit duro que implique la salida del mercado único, pero todas las propuestas fueron rechazadas durante la semana que duró el debate de la ley, tramitada con carácter de urgencia.
Los Comunes, con mayoría absoluta conservadora, tumbaron entre otras iniciativas la que exigía un compromiso por escrito de que los comunitarios que viven en Reino Unido conservarán sus derechos una vez se rompan los lazos con el resto de la UE.
May reiteró en los últimos meses que entre sus prioridades está garantizar la situación de esos ciudadanos, así como la de los británicos en el resto del continente, pero mantiene, en línea con Bruselas, que la cuestión se abordará una vez empiece el diálogo formal entre ambas partes.
Para reforzar la postura del gobierno, la ministra británica del Interior, Amber Rudd, divulgó una nota en la que recalca que “nada cambiará” para los comunitarios en Reino Unido tras la salida de la UE, sin que el Parlamento apruebe de forma explícita esos cambios.
La Cámara baja rechazó, asimismo, una enmienda laborista que exigía al Ejecutivo informar al Parlamento cada dos meses sobre las negociaciones con Bruselas.
