Ciudad de México.- El gobierno de Sonora recurrirá la sentencia del Juez Segundo de Distrito que declaró inconstitucional la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, en un juicio de amparo promovido por el ex gobernador Guillermo Padrés.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Rodolfo Montes de Oca, señaló que el gobierno estatal es respetuoso de las determinaciones del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, destacó a través de un comunicado de prensa, de forma oportuna ejercerá su derecho a recurrir la sentencia referida, con el objeto de que alguno de los Tribunales Colegiados, resuelvan en definitiva este caso.
Planteó que las actuaciones de los ministerios públicos asignados a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción en la investigación hacia un ex gobernador Padrés son vigentes, siguen su curso y no se invalidan por la resolución judicial.
Ministerios Públicos de la PGJE adscritos a una unidad como la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, dijo, están dotados de absoluta constitucionalidad y legalidad para continuar con sus investigaciones.
Planteó que la resolución emitida por el Juez Segundo de Distrito no cambia en ninguna forma las actuaciones de la fiscalía, ya que se ejecutaron por agentes del Ministerio Público cuyos nombramientos fueron expedidos por el Ejecutivo del Estado.
Por ello, destacó, continuarán sus averiguaciones hasta que se realice su total conclusión.
En la resolución del amparo 628/2016, el Juez Segundo de Distrito determinó que las actuaciones que se reclaman a la mencionada fiscalía como cateos y aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, recopilación de información, entre otras, no se invalidan con motivo de esta sentencia.
Esta resolución, señaló el fiscal estatal, se emitió en el mismo juicio de amparo, donde previamente el Juzgado Segundo de Distrito había ordenado a las autoridades estatales que se abstuvieran de informar a la opinión pública sobre el estado que guardaban las indagatorias en torno a un ex gobernador.
Recordó que esa determinación fue recurrida con éxito por el Gobierno del Estado, ya que fue revocada por un Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
