Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, aclaró hoy que las reformas y adiciones al Código Penal, no tienen la “intención o un objetivo de coartar la libertad de expresión”, pero sí se busca desincentivar o eliminar la práctica de personas que hacen a través de radios, twitter o teléfonos, reportes de situaciones de riesgo o movimientos de las corporaciones policiacas en las ciudades y sus operativos.
El ejecutivo aclaró que la Reforma al Código Penal, no busca coartar la libertad de expresión de nadie, hay un objetivo claro y es en contra de la delincuencia que, usa redes sociales o equipos para alertar de situaciones falsas o advertir la presencia de fuerzas de seguridad.
“No se trata de ir a los particulares o contra los medios de comunicación”, aclaró Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de seguridad del Gobierno de Tamaulipas.
El alcance que se busca con la reforma aprobada por el Poder Legislativo, es precisar la conducta de quienes realizan el “halconeo” y tipificarlo porque anteriormente se ocasionó que los Tribunales dejaran en libertad a los integrantes de la delincuencia organizada que realizan este tipo de conductas.
En entrevista explicó que los particulares que estén presenciando algún evento de inseguridad, y si lo considera, lo pueden reportar en sus redes sociales con la fotografía pero, advirtió, “sí es muy importante ver la responsabilidad de no estar reportando movimientos de corporaciones policiacas, en ese sentido va”.
Uno de los apartados que ha causado polémica, es cuando se refiere al tema del uso de las redes sociales por servidores públicos.
Rodríguez Juárez, explicó que ese apartado considera el momento en que se sustraiga información o hackeo y si alguien hace un uso indebido de la sustracción de la información, se está cayendo en una responsabilidad, máxime si se daña al patrimonio.
Como ejemplo, dijo, se habla de servidores públicos en particular porque, en el sector público federal se presentaron casos donde grupos que hackearon las páginas, lo hacen con la finalidad de difundir mensajes y distorsionan lo que se quiere comunicar en términos oficiales.
“No debe haber preocupación en el ejercicio libre de la libertad de expresión y el ejercicio periodísticos está garantizado y los particulares pueden en un momento llevar a cabo, subir imágenes y videos en el momento en que haya una situación”.
Admitió que para perseguir estos delitos, también deberá existir una estructura por parte de la Procuraduría General de Justicia para poder identificar estas situaciones, para saber desde dónde se origina una alerta falsa sobre situaciones de riesgo, hasta el movimiento que se difunda sobre las fuerzas federales y estatales de seguridad.
Más tarde y a través de un comunicado, señalan que “en el caso de los particulares podrán reportar situaciones cuando están sucediendo, no así cuando se estime que contribuyen a informar movimientos tácticos que entorpezcan los operativos”.
Se resalta además que “el uso indebido o manipulación de información pública o privada disponibles en medios digitales puede poner en riesgo proyectos, programas, planes o el patrimonio tanto pública como privado”.
Ante las presiones y las críticas que ha generado estas reformas, el vocero de seguridad pública, remarca el artículo 207 Quáter al referir al aspecto de hackeo.
En este se señala que “al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de información o redes sociales, protegidas por algún mecanismos de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada”.
Por este delito se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se advierte además que, se aumentará a una tercera parte de dicha pena cuando sea cometido en contra de alguna institución o servidor público.
Además, esta nueva reforma, va a castigar a los funcionarios y servidores públicos que sabiendo de la información que tienen por su empleo, cargo o comisión utilicen esos datos y le causen daños a los tres poderes del Estado o bien, no informen o sean omisos de lo que está pasando y a ellos se les impondrá una pena de dos a seis años.
Ahora, en la reforma aprobada, se hacen precisiones para evitar que, quienes realicen la práctica del “halconeo” evadan la ley y logren salir en libertad.
Se menciona que quien utilice uno o más instrumentos en forma de “abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que por su resistencia o contundencia, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales”.
Hay más precisiones para tipificar esta actividad, y quien “por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos o por cualquier medio avise o indague sobre las actividades, operativos, ubicación o, en general, respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las instituciones de seguridad pública”, se podrá actuar en su contra.
Pero además, cuando la conducta se cometa en contra de elementos de las fuerzas armadas o de seguridad pública o de sus equipos motores, muebles o inmuebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
