Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la conformación del paquete de reformas para el Combate a la Corrupción, el poder ejecutivo y el legislativo anunciaron la integración de una mesa de trabajo que se estará integrando por la Contraloría, personal de la jefatura de la oficina del gobernador, representantes del Área jurídica del Congreso del estado y el consejero jurídico del gobierno del estado.
“El origen de este trabajo, es uniformar los criterios y trabajar en una misma línea, queremos que Tamaulipas tenga certeza jurídica sobre todo en el combate a la corrupción”.
Víctor Sáenz, jefe de la oficina del Gobernador señaló lo anterior en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
Destacó que las reformas aprobadas a la Constitución Política de Tamaulipas por el Congreso del Estado, sienta las bases para que garantizar a los ciudadanos que el dinero público con que cuenta el estado serán destinados para los ciudadanos.
Con ello, dijo, el trabajo legislativo a implicado crear el Sistema Estatal anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Sáenz, informó que la mesa de trabajo del gobierno y el poder legislativo trabajará en las reformas de cinco leyes más, como es la ley de Justicia Administrativa, el código penal para el Estado de Tamaulipas, fiscalización y rendición de cuentas, la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la ley orgánica de la Administración pública estatal.
El sistema tiene como objeto ser la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción así como para la fiscalización y control de los recursos públicos e incluyendo la rendición de cuentas a los que estarán sujetos los servidores públicos.
Destacó que la columna vertebral del Sistema Estatal, serán dos figuras, el Comité coordinador y la auditoría superior del estado así como la Contraloría y la fiscalía especializada en el combate a la corrupción actuarán ante las instancias administrativas y judicial.
En esta conferencia de prensa, se confirmó que el fiscal anticorrupción tendrá una autonomía financiera y técnica pero dependerá de la Procuraduría General de Justicia, aunque será el Congreso del Estado quien emita una convocatoria para elegir al fiscal que durará en el cargo ocho años.
