Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Diputados que integran la Comisión de Vigilancia en el Congreso, acordaron con la Auditoría Superior del Estado integrar “expedientes firmes” para evitar que “no nos tumben los procesos” contra los ex alcaldes, como sucedió en el caso de Oscar Pérez Inguanzo y como hoy se pretende hacer con Juan Andrés Díaz Cruz ex alcalde de Tula, o el ex alcalde de Ciudad Madero, Mario Neri Castilla y Gustavo Torres Salinas de Tampico (2013-2016).
Además, los diputados como Ciro Hernández Arteaga, advirtieron la necesidad de hacer un trabajo de vigilancia y estar pendientes en el manejo de los recursos en los actuales Ayuntamientos, y citó el caso de Altamira donde señaló que, “recientemente anunciaron que se ejecutará en obra cerca de 12 millones de pesos y les queda mucho recurso por ejercer”.
Joaquín Hernández Correa, Presidente de la Comisión de Vigilancia, ha coincidido con la Auditoría Superior del Estado -ASE- en la necesidad de ir paso a paso, para evitar la fuga de ex alcaldes o que al final les tumben el proceso penal.
Históricamente han ‘tumbado’ los procesos que inician desde el Congreso y la misma Auditoría Superior del Estado; algunos Alcaldes no han respondido a resarcir los daños al erario público.
Lo más reciente fue en junio del 2014, cuando un Juez penal dejó en libertad al ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo detenido en 2011. Al ex alcalde se le acusó por la contratación de un crédito de 40 millones de pesos no se exhibió el supuesto documento ejercido de manera indebida, ni la circunstancias de tiempo y contrato por lo que se dictó sentencia absolutoria.
Pero 16 años antes, en 1998, Juan Genaro de la Portilla Narváez ex alcalde de Altamira (1990-1992), quedó en libertad después de pasar cuatro años en la cárcel.
De la Portilla, enfrentó un juicio político para lograr su desafuero como diputado local y fue detenido por desaparecer dos máquinas retroexcavadoras, aunque una de las líneas de las acusaciones, era que se “autorentaba” las máquinas y cobró 25 millones de ‘pesos viejos’ por mes y sin embargo, una maniobra política logró dejarlo en libertad unos meses antes de que iniciará el gobierno de Tomás Yarrington.
Las acciones más severas que se emprendieron en los últimos tres años, fue en el 2014, cuando el entonces Auditor Superior del Estado Miguel Salman Álvarez, ordenó aplicar multas a los ex alcaldes (2011-2013) que presentaron sus cuentas públicas de forma extemporánea.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, los ex alcaldes multados con 25 mil pesos fueron: René Lara Cisneros (Tula), Juvencio Becerra Pérez (Bustamante), Jorge Monita Silva (Palmillas), Epigmenio Villarreal Valadez (Jaumave), Abraham Pineda Díaz (Ocampo), Arnoldo Morales Meléndez (San Carlos) y Manuel Guadalupe González Villarreal (San Nicolás), Tomás Gloria Requena, (San Fernando); César Augusto Verástegui, (Xicoténcatl), y Edelmiro Gómez Gandaria, (Soto La Marina).
Salvo en el caso del ayuntamiento de Palmillas, el resto de los alcaldes han quedado ‘libres’ de toda responsabilidad administrativa “hasta el momento”, cuando en varios de los casos se hicieron señalamientos y acusaciones públicas sin llegar al ámbito formal.
Los ‘frenos políticos’ que han tenido las investigaciones en las auditorías contra ex alcaldes, “no se van a presentar nuevamente” aseguró en entrevista el Presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso.
Durante la administración del 2011-2013 el ex alcalde Alfonso Sánchez en Matamoros, señaló a su sucesor Erik Silva de heredar una deuda de 70 millones de pesos y al menos 200 millones de pesos que no aparecen en obras ni acciones y no se hizo nada por investigar al contrario, Erik Silva recibió nombramiento como Director de la Secretaría General de Gobierno con Egidio Torre Cantú.
Los legisladores recuerdan que en agosto del 2016, la Auditoría Superior del Estado emitió un informe negativo del Ayuntamiento de San Carlos en la cuenta pública del 2014 y no hay información de que se haya procedido contra el ex alcalde.
Ese mismo año, se ordenó a los ex alcaldes de Méndez, Gustavo Obregón Palacios y de Burgos, Marco Aurelio Garza Treviño, resarcir más de 21 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y no hay informes al respecto.
Durante el 2009 y 2010 las auditorías detectaron en el Ayuntamiento de Méndez gastos sin comprobar por 12 millones 737 mil 693 pesos.
Con la fiscalización de los recursos, se detectaron que en los primeros 6 meses del 2010, faltaron 3 millones 390 mil 745 pesos y al cierre de ese mismo año, 7 millones 647 mil 988 pesos.
A Burgos se le detectaron en el segundo semestre, 9 millones 015 mil 778 pesos que no pudieron comprobarse.
Aún más, el 17 de noviembre del 2016, la ex alcaldesa de Mainero Lazara Nelly González Aguilar, retó al Congreso del Estado a que revise su cuenta, si hay alguna irregularidad y lo hizo a través de sus redes sociales.
“Nos veremos en támatan estamos en las manos del diablo y los diablillos… sin papeles???? Como, Pero si con muchas obras de infraestructura..” y aparece la imagen de un llamado en portada de un periódico en el que se anuncia que el Congreso va contra once ex alcaldes entre ellos, Mainero.
La reacción de Lázara Nelly González, se debió a la solicitud que hizo la ASE a la actual alcaldesa María Dolores Cuéllar Luna, para localizar y entregar las aclaraciones de los resultados en la revisión de los cortes de caja de los meses de enero a septiembre del 2016 dentro del oficio ASE/M/6113/2016.
“La gente está exigiendo que se haga algo, que no se deje pasar nada, porque son recursos del pueblo y aquí no hay distingos con nadie”, añade el Diputado Hernández Correa.
Además, recuerda que ya hay un proceso penal contra los ex regidores de Tampico y confía en que se haga los mismo contra el ex alcalde Gustavo Torres, “pero con pruebas sustentadas”.
Los regidores fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el delito de peculado y uso indebido de recursos públicos por 2 millones 670 mil pesos.
Actualmente, hay señalamientos contra el ex alcalde Gustavo Torres Salinas, por el delito de uso indebido de recursos federales etiquetados para gasto corriente, el delito de evasión de impuestos federales, el delito de uso dispendioso de una tarjeta de crédito a nombre del Ayuntamiento y se generaron gastos públicos en hizo Gustavo Torres en París, Francia.
Antes, el 18 de enero se confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado en la zona sur, inició un proceso en contra del ex alcalde de Tampico Gustavo Torres Salinas para vincularlo por el delito de abuso de autoridad en contra de los locatarios de ese municipio y por el cual ya declaró.
Sobre el tema, la Alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, señaló en la última entrevista que ha notificado a la Auditoría Superior del Estado y al gobierno de Tamaulipas, que existe una irregularidad financiera y desviación de recursos por 154 millones de pesos en la administración del ex alcalde Gustavo Torres Salinas.
Lo anterior se desprende de dos rubros, dijo, uno de 45 millones de pesos, más 109 millones de pesos detectadas por irregularidades en la deuda que se adquirió, sin contar la deuda generada que mensualmente se paga por más de un millón 900 mil pesos de un crédito, para la terminación de los mercados municipales por un monto de 128 millones de pesos ,y aunado a recursos federales que se tuvieron que regresar a la federación por no haber sido ejercidos pero desaparecieron de la tesorería.
