Monterrey, Nuevo León.- La Sala Regional Monterrey confirmó una sanción al Partido Acción Nacional, por haber cobrado más del 2 por ciento de las cuotas a sus militantes en el 2015.
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La sanción que había sido impugnada por el PAN, fue impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien dará a conocer el tipo de sanción económica que tendría este instituto político.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinaron que el límite establecido a las aportaciones de militantes no es equitativa como lo expuso el PAN y por eso cobró un mayor porcentaje en el ejercicio fiscal del 2015.
El INE encontró irregularidades en la fiscalización del informe anual 2015 del PAN en Tamaulipas.
Acción Nacional reclamaba que ajustar su financiamiento privado al 2% de las asignaciones públicas otorgadas a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas, era una medida inequitativa, porque “le imponía una restricción en lo que respecta a las aportaciones de su militancia”.
La Sala consideró que fijar un mismo límite a todos los partidos, “es garantizar que tengan un tope similar, con independencia del número de militantes que conforman esa fuerza política”, especialmente, añaden, porque los recursos que reciben de distintas fuentes, entre ellas de financiamiento público, tienen una base igualitaria del 30% y un 70% que se define por la votación obtenida en las elecciones anteriores.
Los Magistrados del Tribunal Federal Electoral, señalaron que fijar un tope máximo de 2% de los recursos públicos para recibir cuotas de militantes, resultaba una medida proporcional y equitativa.
De tal suerte que, consideraron que era “ajustado a derecho” que se impusiera una multa al partido “por haber excedido el límite anual de aportaciones de su militancia”.
En este asunto, además, se resolvió que es una obligación contratar bienes y servicios con proveedores registrados, y que esta obedece o tiene como finalidad proteger los principios de transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
