A casi siete meses del gobierno del cambio, los problemas en la administración estatal van subiendo de tono, al grado que el municipio de Reynosa, Tamaulipas, tierra del actual mandatario estatal, donde por cierto fue alcalde de esa ciudad fronteriza, hoy es tierra de nadie, la inseguridad pública está al tope y no se ve por donde solucionarla.
Esta, situación pone de cabeza al gobierno, máxime que dicha ciudad que él gobernó, me refiero al actual ejecutivo del Estado, no ha podido tranquilizar ese municipio, porque puede decir que los delitos que ahí existen son de índole federal; puede que sea cierto, pero como máxima autoridad debe garantizar la seguridad y la tranquilidad del Estado, según la Constitución de Tamaulipas, en su Artículo 91, fracción II de las Facultades y Obligaciones del Gobernador.
Sin embargo, en ese mismo Artículo de la Constitución y que es la fracción XXXVII, donde indica.- En caso de sublevación o de trastorno interior en el Estado, excitar, de acuerdo con el Congreso o la Diputación Permanente, a los Poderes Federales a que ministren la prestación debida, “si los elementos de que dispone el Ejecutivo del Estado no fueren bastantes para restablecer el orden”.
En tanto, el ese mismo artículo antes citado, en su fracción XLV establece: Adoptar, en casos graves, las medidas que juzgue necesarias para salvaguardar el orden público o la paz social, o la economía del Estado o la de los municipios, dando cuenta inmediata al Congreso en su receso a la Diputación Permanente, para que resuelva en definitiva.
Esto es una parte de las obligaciones y facultades que tiene el mandatario estatal y que están consagradas en la Constitución Local del Estado de Tamaulipas, sin embargo, no vemos que actúe en consecuencia, por lo que es necesario y desde mi punto de vista muy personal que el Poder Legislativo del Estado, exhorte o exija al Poder Ejecutivo a que cumpla con la Constitución y sobre todo guarde no sólo la seguridad de los habitantes del municipio de Reynosa, sino de todo el Estado.
Sin embargo, en esto corto ejercicio del poder, los penales, son ya un problema serio de seguridad interior como ha sido al menos el Cedes de Victoria que ha convertido en un dolor de cabeza para el actual gobierno de Tamaulipas, porque a pesar de las acciones no ha castigado a nadie en ese sentido, pese a que existe un director general de esos CEDES en Tamaulipas.
Los problemas se recrudecen en el Estado y no se ha visto una acción inmediata con alturas de mira y que sea señal de que el gobierno está actuando, le está dando largas al asunto y esto es más que peligroso, porque estamos viviendo con eso de que en Tamaulipas no pasa nada, donde también puede decir el gobierno de los Vientos del Cambio que son cosas del pasado, pero desde el primero de octubre del 2016 estamos viviendo el presente y tal parece que esto sigue igual que el pasado. Se necesitan acciones ya, no más palabras, porque estas el viento se las lleva.
Ahí tienen también, otro problema serio como es el transporte público, comenzó aquí en Victoria con un paro hace varios días, y ayer en Tampico los concesionarios hicieron lo mismo, el primer día de clases, después de las vacaciones de Semana Santa, esto también si no se atiende como debe de ser, será otro dolor de cabeza para el gobierno de los vientos del cambio.
Aquí, hago una observación, creo que la facultad que tiene el ejecutivo del Estado, de controlar o mejor dicho de aumentar o no el transporte público en la entidad, no es el correcto, esta situación debe estar en manos del Congreso del Estado, debido a que como legisladores tiene el sentir de la población, principalmente aquellos que llegaron por la vía del voto; es decir esta facultad que tiene el ejecutivo debe ser también derogada y sea trasladada al poder legislativo.
Los diputados locales, son lo que deben de cargar con esa responsabilidad y no el ejecutivo como hasta el momento, por lo tanto, esperemos que haya una iniciativa para que se derogue esa facultad y sea el Congreso del Estado quien determine los aumentos al transporte público en Tamaulipas y no sea por medio del ejecutivo estatal como actualmente existe.
Sin duda que transferir esa facultad al poder legislativo, sería más que interesante, ya que en su organigrama interno cuenta con una comisión de Comunicaciones y Transportes, como de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, donde se analizaría los aumentos al transporte público y que no solo sea la determinación de una persona; es decir del gobernador de Tamaulipas.
A penas se van a cumplir casi siete meses de gobierno y no se ha visto un resultado aceptable, que cumpla con las expectativas que se hicieron en campaña, porque se inició con Reynosa, luego los Penales y por último el Transporte Público y lo que es más grave, lo que falta.
Por hoy es todo.
HASTA LA PRÓXIMA.
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